El Gobierno nacional dio un nuevo paso dentro de su política de paz al ordenar la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra cinco integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, con el fin de facilitar su traslado a zonas especiales definidas para el desarrollo de conversaciones sociojurídicas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, firmada por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, en la que se acepta un listado de nombres entregado por un representante de esta organización armada, en el marco de los acercamientos adelantados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el documento, la suspensión de las órdenes judiciales busca permitir el desplazamiento seguro y controlado de estos integrantes hacia las Zonas de Ubicación Temporal, establecidas previamente como escenarios para avanzar en compromisos de sometimiento a la justicia y tránsito a la vida civil. La medida se adopta bajo el principio de confianza legítima y como parte de un proceso que el Ejecutivo considera en fase avanzada.

Los beneficiarios de esta decisión son Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, José Gonzalo Sánchez Sánchez, Orozman Orlando Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada y Luis Armando Pérez Castañeda. La Fiscalía General de la Nación deberá ejecutar la suspensión de las órdenes de captura, mientras que el Ministerio de Defensa será el encargado de garantizar las condiciones de seguridad humana y jurídica durante los traslados. A su vez, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA realizará labores de acompañamiento y verificación.

Las Zonas de Ubicación Temporal estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se localizan en áreas rurales de Tierralta, en Córdoba, y en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá, en Chocó. Según el Gobierno, en estos territorios se mantendrá plenamente el Estado social de derecho y las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones.

El Ejecutivo aclaró que la suspensión de las órdenes judiciales, incluidas aquellas con fines de extradición, solo tendrá vigencia mientras se desarrollan los diálogos y los traslados hacia las zonas definidas. Además, las personas beneficiadas deberán contribuir a la reparación de las víctimas y cumplir con los compromisos que se deriven del proceso.

Finalmente, el Gobierno reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la población civil en las zonas de influencia y para garantizar que los acuerdos que se alcancen estén orientados a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.