El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento de alto valor ubicado en el norte de Bogotá. La diligencia se realizó de manera virtual y fue atendida por una fiscal especializada de la Unidad Nacional contra la Corrupción, luego de una solicitud presentada por el propio directivo.

El interrogatorio estaba previsto inicialmente para el 10 de diciembre, pero por compromisos profesionales previamente adquiridos, la defensa solicitó su reprogramación. Ante esta situación, la Fiscalía decidió fijar la diligencia para el lunes 15 de diciembre, fecha en la que finalmente se llevó a cabo la declaración del presidente de la estatal petrolera.

Como parte de su estrategia de defensa, el equipo jurídico de Roa entregó con antelación un expediente compuesto por 76 folios que recogen, según explicaron, toda la trazabilidad financiera de la operación inmobiliaria realizada en 2023. La documentación busca demostrar que la compra del inmueble se realizó de manera legal y conforme a la normatividad vigente.

El abogado Juan David León, defensor de Ricardo Roa, señaló que entre las pruebas aportadas se incluyen contratos, copias de cheques, extractos bancarios y registros de los créditos adquiridos para cumplir con el pago del apartamento. De acuerdo con el jurista, estos documentos permiten evidenciar el origen lícito de los recursos y la capacidad financiera de su cliente para asumir la compra.

La defensa insistió en que el valor total del inmueble fue de 1.800 millones de pesos, cifra que, según León, está claramente consignada tanto en la escritura pública como en la promesa de compraventa y respaldada por los movimientos financieros. Añadió que una parte significativa del monto fue cubierta mediante créditos bancarios, lo que permitió completar la transacción sin irregularidades.

El abogado también subrayó que la adquisición de una vivienda no constituye por sí sola una conducta reprochable y que, en este caso, se trató de una decisión personal tomada junto a su pareja, tras evaluar varias opciones en el mercado inmobiliario. Según explicó, antes de concretar la compra del apartamento investigado, existieron acercamientos por otros inmuebles que no prosperaron.

Finalmente, la defensa recalcó que Ricardo Roa no tenía conocimiento previo de la identidad del propietario del inmueble ni de posibles controversias asociadas a terceros mencionados en el debate público. Asimismo, expresó su confianza en que la Fiscalía adelante una investigación objetiva, transparente y alejada de intereses políticos, que permita esclarecer los hechos y despejar cualquier duda sobre la legalidad de la operación.