En medio del debate nacional que se ha generado por las recientes capturas de jóvenes señalados de participar en actos vandálicos y de terrorismo urbano en la capital del país, el exministro y dirigente político Mauricio Lizcano fijó una posición contundente en defensa de las decisiones judiciales y del actuar de las autoridades.

Lizcano afirmó que la justicia en Bogotá no solo tiene la facultad, sino también la obligación constitucional de investigar, juzgar y sancionar a quienes estén involucrados en hechos que atenten contra la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia. En ese sentido, subrayó que ningún tipo de violencia puede ser justificada bajo el amparo de la protesta social.

Para el exministro, el país atraviesa un momento complejo en el que se hace indispensable marcar una línea clara entre la manifestación pacífica, protegida por la Constitución, y los actos criminales que buscan generar caos, destruir infraestructura y poner en riesgo la vida de las personas. Según expresó, permitir o minimizar este tipo de conductas debilita el Estado de derecho y envía un mensaje equivocado a la sociedad.

Lizcano también advirtió que la violencia urbana organizada no puede ser tratada con ligereza ni con discursos que relativicen su impacto. A su juicio, cuando se presentan hechos reiterados de vandalismo, incendios y ataques coordinados, las autoridades deben actuar con toda la fuerza de la ley para prevenir que estas prácticas se consoliden y se repitan.

En su pronunciamiento, hizo un llamado a respaldar a los jueces, fiscales y a la Fuerza Pública en su labor, insistiendo en que garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía es un deber irrenunciable del Estado. Asimismo, recalcó que la justicia debe operar con respeto al debido proceso, pero sin ceder ante presiones políticas o narrativas que pretendan deslegitimar las investigaciones.

Finalmente, Lizcano sostuvo que Colombia necesita enviar un mensaje claro de rechazo a cualquier forma de terrorismo y vandalismo, señalando que solo con instituciones fuertes y decisiones firmes se podrá preservar la democracia, la convivencia y la tranquilidad en las ciudades.