La crisis por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla será imputado por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría direccionado millonarios contratos a cambio de favores políticos.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, fue la encargada de avanzar en la decisión, respaldada por nuevas pruebas y por el principio de oportunidad otorgado a María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y pieza clave en la construcción del caso.

La audiencia, prevista para este 26 de noviembre, buscará imputar a Bonilla los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Aunque la Fiscalía sostiene que existen elementos que lo relacionan directamente con el escándalo, por ahora no solicitará medida de aseguramiento.

La clave del caso: el rol de María Alejandra Benavides

Según la investigación, Benavides habría servido como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD para el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos, destinados a favorecer a seis congresistas con el fin de garantizar su apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.

En los expedientes, la Fiscalía señala que Benavides, Bonilla, el entonces director de Gestión del Riesgo y otros funcionarios coordinaron la asignación de contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). Los implicados serían varios senadores y representantes, entre ellos Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Pitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.

En declaración juramentada, Benavides aseguró que fue utilizada y presionada para autorizar desembolsos a la UNGRD. También mencionó un presunto acuerdo entre Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez para destrabar créditos internacionales y asegurar votos en el Congreso.

“Él me usó y no le importó el costo que yo debía asumir”, afirmó entre lágrimas ante la Fiscalía.

Los millonarios contratos —50.000 millones para Cotorra, 12.356 millones para El Salado y 30.000 millones para Saravena— estaban destinados a obras de mitigación de inundaciones y control de erosión, pero terminaron en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

La imputación a Bonilla promete sacudir aún más el panorama político del país y amplía el alcance del caso que ya tiene a la UNGRD en el ojo del huracán nacional.