La controversia por las revelaciones sobre supuestos vínculos entre disidencias de alias Calarcá y sectores del Gobierno Petro sigue escalando en el escenario político. Ahora, la representante a la Cámara Lina Garrido solicitó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, evaluar si la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, debe ser incluida en la Lista Clinton.

Según la congresista, la jefa del ente acusador habría incurrido en omisiones graves frente al análisis y avance de las investigaciones relacionadas con el material incautado a la estructura criminal de Calarcá, lo que —a su juicio— constituye un riesgo para la justicia colombiana y la cooperación judicial con Estados Unidos.

Garrido sostuvo que las decisiones de Camargo “favorecen el avance del narcoterrorismo en el país” y representan un retroceso en la lucha contra estructuras criminales que históricamente han sido señaladas por Estados Unidos como una amenaza para su seguridad nacional.

La representante aseguró que la fiscal general fue elegida en un proceso promovido por el presidente Gustavo Petro, quien actualmente se encuentra vinculado a la Lista Clinton junto a algunos de sus familiares. Para ella, esta cercanía política habría permitido “la captura funcional de la Fiscalía para proteger redes criminales y blindar a aliados del Gobierno”.

Entre los señalamientos que expone en su carta al secretario Rubio, Garrido acusa a Camargo de:

• No impulsar investigaciones derivadas del material extraído de los computadores de las disidencias.

• Permitir la liberación de cabecillas y la reorganización de expedientes que involucrarían a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

• Rehusarse a solicitar medidas de aseguramiento incluso frente a casos graves.

• Debilitar la articulación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

Garrido advirtió que estas actuaciones “socavan activamente la cooperación en seguridad y dejan en evidencia un escenario de omisiones que fortalece al crimen organizado”.

La solicitud ahora queda en manos del Departamento de Estado, que históricamente analiza este tipo de requerimientos bajo parámetros estrictos de información verificable y criterios de seguridad internacional.