Crece la controversia nacional por el manejo que la Fiscalía General de la Nación le ha dado al material incautado a las disidencias de alias Calarcá, luego de que se anunciara una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara contra la fiscal general Luz Adriana Camargo por presunto prevaricato por omisión.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid confirmó que radicará la acción judicial basada en las revelaciones de Noticias Caracol, que indican que la Fiscalía no habría avanzado en la investigación del contenido de computadores y dispositivos electrónicos decomisados hace más de un año en vías del departamento de Antioquia, pese a tratarse de evidencia clave contra ese grupo armado ilegal.

Según los reportes periodísticos, el material digital permaneció archivado sin análisis forense, a pesar de que alias Calarcá —uno de sus principales cabecillas— recuperó la libertad por decisiones previas de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre un posible favorecimiento.

Exigen respuestas de la fiscal Camargo

Además de la denuncia que será presentada en los próximos días, el congresista envió un derecho de petición a Camargo en el que solicita explicaciones concretas:

“¿De qué lado está usted? ¿Por qué no se ha investigado durante más de un año el material decomisado a alias Calarcá? ¿Por qué no hay avances frente a los presuntos nexos de Francia Márquez con estructuras criminales?”, cuestionó Cadavid, exigiendo claridad sobre el manejo interno del ente acusador.

La fiscal general tendrá cinco días para responder oficialmente. Según Cadavid, la denuncia que será radicada se sustentará en el artículo 414 del Código Penal, que tipifica el prevaricato por omisión.

“El país no puede entregarse a la impunidad. Exigimos respuestas y actuaciones coherentes con la gravedad del caso”, afirmó.

Respuesta de Camargo

Mientras aumenta la presión política, la fiscal general negó haber tenido responsabilidad en la libertad de los disidentes capturados en Antioquia. Aseguró que fue su antecesor, Francisco Barbosa, quien levantó las órdenes de captura.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha anunciado avances concretos sobre el análisis del material incautado ni sobre las decisiones internas que llevaron a su aparente inactividad.

La denuncia promete abrir un nuevo capítulo de tensión entre sectores del Congreso y el ente investigador, en medio de un debate que involucra a la JEP, a altos funcionarios del Gobierno y a estructuras criminales en expansión.