La discusión migratoria volvió a encenderse en Estados Unidos tras la nueva propuesta del expresidente Donald Trump sobre la ley de carga pública, una medida que podría endurecer las condiciones para quienes buscan obtener la residencia permanente. La directora de la coalición Protegiendo Familias Inmigrantes, Adriana Cadena, advirtió que estas modificaciones generan confusión y temor entre miles de familias migrantes que hoy dependen de programas de ayuda federal.

Cadena explicó que la carga pública funciona como una evaluación que deben superar las personas que aplican a la residencia o que son solicitadas por familiares. Esta prueba determina si el solicitante podría convertirse en una dependencia económica del Estado. Aunque la administración Biden había emitido lineamientos más claros sobre los beneficios que sí podían usarse sin afectar un proceso migratorio, las nuevas propuestas de Trump reactivan la incertidumbre.

“La confusión está allí. Muchos inmigrantes creen que si sus hijos, que pueden ser ciudadanos, o sus cónyuges residentes legales reciben beneficios, eso los perjudicará. Y no debería ser así”, afirmó Cadena. La directora enfatizó que el Gobierno debe aclarar de manera contundente que los beneficios utilizados por familiares directos no serán tenidos en cuenta en la evaluación de carga pública.

Errores administrativos que separan familias

El debate también se aviva con casos como el de Maribel López, deportada a Guatemala pese a tener un proceso de asilo activo. Según Cadena, este tipo de situaciones reflejan fallas graves: “No están siguiendo las reglas o las leyes que realmente existen en este país”.

Indicó que muchas deportaciones responden a errores administrativos que dejan a padres separados de sus hijos y a familias enteras en un limbo legal. En este panorama, contar con representación legal se convierte en una herramienta esencial para proteger derechos, evitar injusticias y garantizar la reunificación familiar.

Un objetivo claro: restringir la inmigración

Cadena señaló que la administración Trump mantiene una postura enfocada en reducir la inmigración y limitar el acceso a servicios públicos para la población migrante. Los recortes presupuestales a programas sociales, dijo, apuntan a desalentar a quienes dependen de ellos mientras realizan sus trámites migratorios.

Estas acciones generan desinformación y miedo generalizado, lo que lleva a muchas familias a renunciar a beneficios a los que tienen derecho por temor a afectar su futuro migratorio. “Eso no solo es injusto, también perjudica la salud y estabilidad de miles de niños ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Organizaciones civiles: la primera línea de apoyo

Ante este escenario, las organizaciones sociales cumplen un papel determinante. Cadena recalcó que los casos de asilo requieren acompañamiento especializado y que la falta de claridad en la aplicación de la ley hace aún más complejo el trabajo de proteger a los solicitantes.

Finalmente, reiteró la importancia de que los inmigrantes reciban asesoría legal y mantengan acceso a servicios básicos mientras sus procesos sigan en curso: “La representación legal es muy importante. Con apoyo adecuado, las familias pueden defender sus derechos y mantenerse unidas”.

Con esta nueva propuesta en discusión, la comunidad migrante se prepara para un nuevo capítulo de tensión política que podría definir el futuro de miles de familias en Estados Unidos.