La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue en aumento tras el ataque a una lancha en el mar Caribe que dejó un pescador colombiano muerto, identificado como Alejandro Carranza Medina. Mientras el presidente Gustavo Petro acusa a Washington de haber bombardeado una embarcación civil, nuevas revelaciones indican que la víctima no era ajena a los expedientes judiciales: en 2016 fue condenada por el robo de un arsenal perteneciente a la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El hecho se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara una ofensiva contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la lancha atacada pertenecía al ELN y transportaba cargamento ilícito. Sin embargo, el mandatario colombiano rechazó tajantemente esa versión. “No era una lancha del ELN, era de un pescador de Santa Marta, de una familia humilde y trabajadora. ¿Por qué ayudaron a asesinar a un hombre inocente?”, cuestionó Petro, responsabilizando directamente a Trump por la muerte.

Carranza Medina, de 40 años, residía en el sector de Los Cardonales, en Gaira, junto a sus padres. Pero su pasado judicial lo vinculó años atrás a uno de los mayores escándalos dentro de la Policía de Santa Marta. En 2015, más de 260 armas desaparecieron del comando metropolitano y las investigaciones señalaron que fueron vendidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’.

En abril de 2016, la Dijin y la Fiscalía capturaron a seis implicados: cinco policías y un civil, este último identificado como Carranza, alias “Coroncoro”. A diferencia de los uniformados, Carranza aceptó su participación y fue condenado por su papel en el traslado del material bélico sustraído.

Pese a ello, familiares del fallecido aseguraron que en los últimos años se había dedicado exclusivamente a la pesca artesanal. “Alejandro cambió su vida, se levantaba de madrugada para trabajar en el mar. No era un criminal”, expresó Audenis Manjarres, pariente del hombre. Según sus allegados, el día del ataque la lancha sufrió fallas mecánicas, lo que habría impedido su retorno a la costa antes del bombardeo.

Por su parte, autoridades de Estados Unidos mantienen la versión de que la embarcación formaba parte de una red de narcotráfico. Esa tesis se refuerza, según el Pentágono, por los antecedentes judiciales de la víctima y el trayecto que seguía la lancha en una zona catalogada como corredor del contrabando de drogas.

El hecho ha intensificado las tensiones entre ambos gobiernos. Desde Bogotá, la Cancillería pidió explicaciones formales a Washington y exigió una investigación independiente. Mientras tanto, el presidente Petro ha reiterado su rechazo al uso de la fuerza extranjera en el Caribe colombiano, calificando la acción como “una violación a la soberanía nacional y a los derechos humanos”.

En Santa Marta, la familia Carranza enfrenta otro golpe emocional. Según allegados, los padres del pescador ya habían perdido a dos hijos en hechos violentos en años anteriores. Ahora exigen justicia y esclarecimiento, asegurando que Alejandro “no merecía morir así, sin defensa y lejos de su hogar”.

El incidente no solo dejó una víctima mortal, sino que también abrió un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que atraviesan uno de sus momentos más delicados en los últimos años.