La Gobernación del Atlántico avanza con firmeza en la vigilancia y control del sistema de salud del departamento. En lo corrido de 2024 y 2025, la Secretaría de Salud ha ejecutado 552 inspecciones a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y profesionales independientes, como parte de una estrategia que busca asegurar la calidad y legalidad en la atención médica.

Las acciones han derivado en 71 cierres definitivos y más de 100 cierres preventivos, además de 41 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por la operación de prestadores inexistentes o con registros fraudulentos. Según explicó Rosmery Wehedeking, subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, estas medidas se realizan bajo el cumplimiento del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019. “Nuestro compromiso es proteger la vida y la salud de la comunidad. Los establecimientos que no cumplen con las condiciones de habilitación representan un riesgo que debe ser suspendido de inmediato”, indicó la funcionaria.

En uno de los más recientes operativos en el municipio de Soledad, la Comisión Técnica Departamental, en conjunto con la Alcaldía y la Policía Nacional, inspeccionó 13 IPS que fueron selladas de forma preventiva. Durante el procedimiento se impusieron 28 sanciones adicionales a prestadores que incumplían requisitos sanitarios, técnicos o legales. De acuerdo con Ángela Torres, coordinadora del operativo, se identificaron establecimientos no registrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) e incluso personas que ejercían sin formación médica o técnica.

El médico habilitador Néstor Peña recordó que el registro en el REPS es obligatorio para operar legalmente. “El registro como prestador es como la cédula de ciudadanía: sin él, no se puede ejercer”, explicó, agregando que la Gobernación brinda acompañamiento técnico gratuito para quienes deseen regularizar su situación.

El mecanismo de control contempla medidas preventivas, cierres temporales y cierres definitivos por no existencia. En estos casos, si un prestador figura en el sistema pero no opera físicamente, se le notifica para comparecer en 24 horas y, de no hacerlo, se elimina su registro.

La Secretaría de Salud Departamental reiteró que solo la Gobernación del Atlántico tiene la competencia para otorgar permisos de funcionamiento a los prestadores de servicios de salud que cumplan los estándares de habilitación establecidos por la normativa vigente.

La entidad también recordó que los requisitos contemplados en la Resolución 3100 de 2019 incluyen siete estándares obligatorios: talento humano, infraestructura, dotación y mantenimiento, medicamentos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia. Su cumplimiento es esencial para garantizar una atención segura, confiable y con calidad para todos los atlanticenses.