Una fuerte controversia se desató esta semana tras las declaraciones de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien cuestionó duramente el programa “Jóvenes en Paz”, conocido popularmente como ‘pagar por no matar’. Según Cabal, el Gobierno nacional ha priorizado transferencias económicas a jóvenes vinculados con estructuras criminales en lugar de garantizar el acceso a la educación superior.

Con base en información oficial obtenida mediante derechos de petición, la senadora del Centro Democrático denunció que el programa, administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), ha recibido hasta el momento $566.000 millones, superando incluso el presupuesto asignado al Icetex para 2024, que fue de $432.000 millones.

“Este gobierno ha decidido invertir más en premiar a quienes han delinquido que en apoyar a quienes quieren estudiar y salir adelante de manera honesta”, expresó Cabal. Según sus cifras, entre agosto de 2024 y abril de 2025 se destinaron $137.000 millones al funcionamiento del programa, de los cuales $91.000 millones corresponden a gastos de personal. Solo $60.581 millones han sido entregados directamente a 14.870 beneficiarios, de los cuales 4.365 son menores de edad entre 14 y 17 años y 232 son jóvenes extranjeros.

Para la senadora, el desequilibrio entre los recursos administrativos y los entregados a beneficiarios refleja “una maquinaria burocrática más interesada en sostener su estructura que en transformar vidas”. Cabal también cuestionó la efectividad del programa, señalando que no existen resultados verificables sobre reducción de violencia juvenil. Como ejemplo, mencionó el atentado contra el senador Miguel Uribe, donde uno de los implicados resultó ser beneficiario activo del programa.

“Este joven seguía delinquiendo mientras recibía dinero del Estado. ¿Esa es la paz que nos están vendiendo?”, agregó la congresista, quien concluyó que con los recursos del programa se podrían financiar créditos educativos para más de 200.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

El programa “Jóvenes en Paz” hace parte de la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para avanzar en su política de Paz Total, buscando alternativas de integración social y económica para jóvenes expuestos a contextos de violencia o ilegalidad. Sin embargo, los recientes señalamientos han reabierto el debate sobre sus verdaderos impactos y alcances.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de la senadora. La polémica sigue creciendo en redes sociales y círculos políticos, donde se cuestiona si este enfoque representa un camino eficaz hacia la paz o un uso desproporcionado de los recursos públicos.