Una nueva controversia sacude el panorama político del Atlántico tras la difusión de varios videos en redes sociales donde un reconocido influencer lanza serios señalamientos contra el senador liberal Mauricio Gómez Amín, a quien acusa de presunta injerencia en la contratación pública del departamento.

Las denuncias surgieron a raíz de una serie de publicaciones que circulan ampliamente en plataformas digitales, en las que el creador de contenido afirma que el congresista habría asegurado, en espacios privados, haber sido determinante en la elección del actual gobernador Eduardo Verano De la Rosa. Según el denunciante, esta influencia política se habría traducido en cuotas dentro del gabinete departamental y en participación directa en la gestión de obras estratégicas, como la Gran Vía, proyecto que presenta un retraso de más de 16 meses.

Uno de los aspectos que más ha generado controversia en la opinión pública es la denuncia de presuntos sobrecostos en la ejecución de la obra de la Gran Vía, que según el influencer superarían los 9.700 millones de pesos. Estas declaraciones, cargadas de un tono crítico, han despertado interrogantes sobre los procesos contractuales y la supervisión técnica de las inversiones adelantadas por la administración departamental.

En su intervención, el influencer también calificó de contradictoria la postura política del senador, recordando que, pese a declararse públicamente opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha votado a favor de varias reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “¿Dónde está la coherencia?”, cuestionó el creador de contenido ante sus miles de seguidores.

Hasta el momento, el senador Mauricio Gómez Amín no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias. No obstante, las declaraciones han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde ciudadanos, líderes de opinión y actores políticos piden claridad sobre la presunta participación del congresista en la contratación pública y en decisiones clave del gobierno departamental.

Por su parte, sectores ciudadanos han solicitado a los organismos de control que investiguen si existen irregularidades en el proceso contractual de la obra mencionada y si hay fundamentos jurídicos que sustenten los señalamientos.

La controversia pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia, vigilancia ciudadana y control institucional en la ejecución de los recursos públicos del Atlántico. Mientras tanto, la ciudadanía espera una pronta respuesta que aclare los hechos y determine las responsabilidades correspondientes, de ser el caso.