La Veeduría para Asuntos Minero Energéticos de Colombia solicitó formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación frente a la posible designación de Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, como presidente de Ecopetrol. La entidad advierte que este nombramiento podría ir en contra de la ley y los estatutos internos de la compañía.

Según Hermann Gustavo Garrido, presidente de la veeduría, Palma estaría legalmente inhabilitado para asumir el cargo, ya que su paso directo del Ministerio de Minas a la presidencia de Ecopetrol constituiría un caso de “puerta giratoria”, figura prohibida por la legislación colombiana en temas de conflicto de intereses y corrupción.

“Existe una inhabilidad que impediría ser presidente de Ecopetrol. Está contemplada en la ley anticorrupción y se aplica especialmente cuando funcionarios del Gobierno han tenido influencia o vigilancia sobre la empresa a la que luego pretenden ingresar”, afirmó Garrido.

La Veeduría basa su petición en la Ley 1474 de 2011, la cual impide que exfuncionarios públicos presten servicios o ejerzan cargos en entidades privadas o estatales que hayan sido objeto de su supervisión durante un período de dos años. En este caso, Ecopetrol está bajo el marco regulatorio y de vigilancia del Ministerio de Minas y Energía.

El documento enviado a la Procuraduría también advierte que, de concretarse el nombramiento, los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol podrían enfrentar consecuencias jurídicas por avalar una designación presuntamente irregular.

Con esta solicitud, la veeduría busca frenar una eventual vulneración de normas que regulan el acceso a cargos en empresas del Estado, en un momento en que el país debate la transparencia en la gestión pública y el manejo de las empresas estratégicas del sector energético.