La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado en la localidad de Fontibón. Con más de 180 investigadores trabajando en el caso, las autoridades buscan esclarecer los hechos, identificar a los autores intelectuales y determinar si hubo fallas en el esquema de seguridad.

Uno de los focos de atención actual es la posible omisión dentro del equipo encargado de la protección del senador. Cuatro escoltas de la Policía Nacional, asignados al esquema de seguridad de Uribe, están siendo investigados. Así lo confirmó el director de la Policía, general Carlos Triana, quien también indicó que se está analizando todo el recorrido que hizo el senador hasta el lugar del evento político donde fue atacado.

“Se investiga si el esquema de seguridad fue objeto de vigilancia previa o si hubo debilidades que facilitaron el ataque”, indicó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que el proceso se desarrollará con rigor. “Estamos comprometidos con una investigación seria y transparente para dar con los responsables de este acto criminal”, señaló.

En cuanto al principal sospechoso, un menor de 15 años capturado en flagrancia, ya fue legalizada su aprehensión. El joven será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Según explicó la fiscal Camargo, “la sanción a la que estaría expuesto no es privativa de libertad en sentido ordinario, sino que responde a una medida educativa y reparadora, con un máximo de ocho años de sanción según la ley 1098 de 2006”.

La funcionaria advirtió que los menores son muchas veces instrumentalizados por redes criminales para ejecutar atentados graves, aprovechando las limitaciones legales del sistema penal juvenil.

Uno de los hallazgos más relevantes del proceso es que el arma utilizada, una pistola Glock de 9 milímetros, fue adquirida en Arizona, Estados Unidos. El análisis del arma y de las 12 vainillas recolectadas en el lugar del atentado forma parte del estudio balístico en curso, con el que se espera identificar si detrás del ataque existe la participación de una organización criminal.

Además, se han practicado dos allanamientos y 23 entrevistas, tanto a testigos del atentado como a familiares del menor implicado. Se encuentran en curso el análisis de más de mil videos de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia exacta del atentado, así como el rastreo de movimientos previos del esquema de seguridad de Uribe.

En paralelo, la Fiscalía abrió dos noticias criminales por amenazas recientes dirigidas a hijos de ministros del Gobierno y del propio presidente Gustavo Petro. Estas amenazas, que se conocieron públicamente tras el atentado a Uribe, están siendo investigadas bajo protocolos de protección a funcionarios y sus familias.

Desde lavibrante.com seguiremos cubriendo minuto a minuto el desarrollo de esta investigación, que no solo busca esclarecer un crimen de alto impacto político, sino también reforzar la protección de la democracia en uno de los momentos más críticos del país.