El presidente Gustavo Petro dio instrucciones precisas a todo su gabinete para firmar cuanto antes el decreto que convoca a la Consulta Popular, el mecanismo con el cual busca someter a votación ciudadana temas de relevancia nacional, especialmente en materia laboral.

Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, la directriz del mandatario fue clara: todos los ministros deben firmar el documento antes de que él emprenda su viaje a Francia, programado para este sábado, donde participará en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3).

Esta decisión se da luego de que Petro afirmara desde Cartagena que un juez de la República había ordenado repetir la votación de la consulta popular en el Congreso, debido a supuestas irregularidades en el proceso legislativo. Pese a esto, el jefe de Estado insiste en avanzar con la vía del decreto ante la falta de pronunciamiento del Senado antes del 1 de junio, fecha límite para completar el trámite según la ley.

“Jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República”, aseguró Petro durante su alocución del pasado 3 de junio. En ese mismo discurso, expresó que su gobierno acudiría a la Corte Constitucional para que revise el decreto, y manifestó su confianza en que la consulta es una expresión legítima de la voluntad popular.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre el tema y respaldó la posición del presidente. A través de su cuenta de X, el alto funcionario aseguró que “no ha sido convocado el gabinete y nadie tiene miedo. Todos sabemos que se cometieron 6 vicios constitucionales y que no existió decisión del Senado”.

.@federicogomezla No ha sido convocado el gabinete y nadie tiene miedo. Todos sabemos que se cometieron 6 vicios constitucionales y que no existió decisión del Senado. https://t.co/zNfh3biWhB

— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 7, 2025

La convocatoria por decreto ha generado una intensa controversia política y jurídica, con sectores de la oposición acusando al gobierno de forzar los límites institucionales. No obstante, desde el Ejecutivo se insiste en que esta es una acción constitucional frente al silencio legislativo y a presuntas irregularidades en el trámite.

La firma del decreto antes del viaje presidencial marca una nueva etapa en este proceso que ahora dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional, mientras el país observa con atención cómo se desarrolla una de las apuestas más arriesgadas del gobierno Petro en su intento por hacer avanzar su agenda de reformas.