Un reciente informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, evidenció un preocupante aumento de la violencia en zonas donde operan las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’, pese al cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre junio de 2024 y abril de 2025. El análisis documenta 35 homicidios directamente relacionados con este grupo armado durante el periodo, lo que representa un incremento del 21% respecto a los nueve meses anteriores.

El estudio detalla que entre las víctimas se encuentran 18 civiles, cuatro integrantes del ELN, tres miembros de otros grupos armados emergentes, tres del Clan del Golfo y dos integrantes de la fuerza pública. Además de los asesinatos, CERAC reportó un total de 22 combates, más del doble frente al mismo lapso previo al cese, donde se habían registrado nueve enfrentamientos.

Del total de combates, el 63% fueron protagonizados por el Frente 33, parte del grupo de disidencias denominado EMBF, enfrentándose principalmente al ELN. Según CERAC, 14 de los 22 combates ocurrieron entre estas dos estructuras. También se reportaron cinco enfrentamientos con la fuerza pública, dos con el Clan del Golfo y uno entre tres facciones armadas: ELN, Clan del Golfo y el Frente 33.

La distribución territorial de la violencia sigue marcada por la fuerte presencia armada en Norte de Santander, donde se registraron 20 de los 45 eventos violentos vinculados al grupo de ‘Calarcá’ durante el cese. Le siguen Huila con 12 casos, Antioquia con cuatro y otros departamentos como Guaviare, Bolívar, Caquetá, Cesar, Meta, Santander y Tolima con un evento cada uno.

Este informe llega en un momento clave del proceso de paz que el Gobierno adelanta con estas disidencias. Se espera que en los próximos días se concrete el traslado del Frente 33 a una Zona de Ubicación Temporal en Tibú, Norte de Santander, como parte de los acuerdos preliminares. Fuentes de este grupo armado y de la delegación gubernamental confirmaron a Caracol Radio que la próxima semana se oficializará el preagrupamiento de más de 500 hombres en dicha zona, en un proceso que ya avanza en materia logística y de seguridad.

Pese al aumento de hechos violentos, el Gobierno mantiene su apuesta por el diálogo con los grupos armados como herramienta para la paz total. El informe de CERAC plantea, sin embargo, serios interrogantes sobre la eficacia y los controles dentro de los ceses al fuego, advirtiendo sobre el riesgo de que se conviertan en períodos de reposicionamiento militar para los actores armados ilegales. La mirada está puesta ahora en los avances que se logren en Tibú, donde se espera que las conversaciones evolucionen hacia compromisos concretos y verificables.