El representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, expresó su creciente preocupación por el aumento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, especialmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, una de las zonas más golpeadas por el conflicto y la crisis humanitaria.

En su balance tras una visita al territorio, Campbell advirtió que las redes sociales se están convirtiendo en un canal clave para la captación de menores, quienes son seducidos mediante promesas engañosas para ingresar a las filas armadas. Indicó que la Oficina de ONU DDHH continúa en diálogo con plataformas como TikTok y Meta para establecer políticas y medidas urgentes que eviten el uso de estas herramientas digitales como medio de reclutamiento.

“El reclutamiento de menores en Colombia sigue en aumento y me alarma profundamente. Los niños y niñas no pueden seguir siendo víctimas de esta guerra”, declaró Campbell, quien también hizo un llamado al Estado colombiano para fortalecer los mecanismos de protección y prevención.

El panorama en Catatumbo es desolador. Entre enero y mayo de 2025, se han registrado 126 homicidios selectivos y 66.080 personas han sido desplazadas forzosamente. De ellas, cerca de 900 permanecen en refugios improvisados, mientras otras han retornado sin condiciones mínimas de seguridad. Además, 11.490 personas están confinadas en sus territorios, expuestas a constantes amenazas.

Durante su recorrido, Campbell sostuvo encuentros con líderes indígenas del pueblo Bari, quienes denunciaron restricciones a su movilidad, presencia de minas antipersonales en caminos ancestrales y vigilancia permanente por parte de grupos armados no estatales. Estas acciones han interrumpido sus prácticas espirituales y tradicionales, como la recolección de plantas medicinales y la caza.

Otro de los temas más graves es la violencia sexual contra mujeres y niñas. Según la Defensoría del Pueblo, se han documentado al menos 56 casos, el 64% de los cuales corresponde a víctimas migrantes. ONU DDHH ha verificado siete casos emblemáticos, señalando que muchas mujeres son estigmatizadas y acusadas de colaborar con actores armados, lo que las expone a amenazas, agresiones físicas y hasta feminicidio.

Se ha detectado la circulación de listas, fotografías y datos personales de mujeres a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, en las que se les acusa sin pruebas de tener vínculos con grupos armados. Esta práctica ha incrementado el riesgo de violencia y aislamiento social.

La situación también afecta a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En los tres primeros meses del año, ONU registró 50 casos de amenazas contra estos liderazgos en Catatumbo, superando los casos de todo el año 2024. Campbell instó a la Unidad Nacional de Protección a activar los mecanismos extraordinarios contemplados en el Decreto 137 de 2025 para salvaguardar la vida de estas personas.

Asimismo, se reporta un preocupante incremento en el abandono y despojo de tierras, atribuible a las acciones de los grupos armados ilegales. La Unidad de Restitución de Tierras reconoció que, gracias a los decretos derivados de la reciente declaratoria de conmoción interior, ahora cuenta con herramientas para brindar protección jurídica a predios abandonados por desplazados forzosos.

“Es urgente que todos los niveles del Estado actúen de manera articulada para proteger a las poblaciones más vulnerables. Niños, niñas, mujeres, comunidades indígenas y líderes sociales no pueden seguir enfrentando este nivel de violencia y abandono”, concluyó Campbell.

El llamado de ONU Derechos Humanos se suma al de múltiples organizaciones nacionales e internacionales que reclaman una intervención integral, sostenida y con enfoque humanitario en el Catatumbo, una región donde la paz aún parece lejana.