El departamento del Chocó enfrenta nuevamente una escalada de violencia tras el anuncio de un nuevo paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que comenzará el viernes 2 de mayo al mediodía y se extenderá hasta el lunes 5 a la misma hora. La medida busca, según el grupo ilegal, proteger a la población civil de enfrentamientos con una estructura paramilitar que actúa en la región.

El pronunciamiento del ELN fue hecho a través de un comunicado público, donde señalan que el paro abarcará principalmente el río Baudó y sus afluentes, zonas estratégicas donde, según denuncian, se ha intensificado la presencia de cerca de 400 hombres armados al mando de alias “Piernas Limpias”, presunto líder de un grupo paramilitar que estaría consolidando una ruta de narcotráfico desde el medio hacia el alto Baudó, atravesando los ríos Cogucho y Chorí. El municipio de Nuquí también fue señalado como punto clave en esta estructura de almacenamiento de estupefacientes con salida hacia el Pacífico.

“El miedo se ha convertido en ley; la connivencia entre las fuerzas militares y los paramilitares del Clan del Golfo hace parte del paisaje”, asegura el comunicado, que denuncia una situación persistente de violencia estructural que estaría afectando a las comunidades de esta subregión.

El grupo armado informó que durante las 72 horas del paro quedará restringida la movilidad terrestre y fluvial, haciendo un llamado a la población para que acate la medida, con el argumento de “evitar afectaciones a la población civil” en medio de las confrontaciones.

Este anuncio se da en un contexto de creciente inseguridad en el departamento. Desde el pasado 26 de abril se desconoce el paradero de Arnold Rincón, director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó (Codechocó), quien fue secuestrado y por cuya liberación la Gobernación ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Las autoridades han manifestado su preocupación ante el deterioro de la seguridad en esta zona del país, donde múltiples actores armados ilegales se disputan el control del territorio.

El temor se ha apoderado nuevamente de las comunidades chocoanas, que siguen siendo víctimas directas de un conflicto armado que no cesa, mientras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de presencia estatal integral y diálogo urgente para frenar la violencia que azota esta región del Pacífico colombiano.