Nuestro desafío mayor: convertir a la región en una entidad territorial de acuerdo con la Constitución de 1991. ¿Cuáles son los pasos siguientes?

Impulsaremos una serie de decisiones que nos conduzca a un referendo decisivo el 8 de marzo de 2026, día de las elecciones parlamentarias de 2026, en las que se le preguntará a los votantes si está o no de acuerdo con que las asociaciones de departamentos que existen hoy como Regiones Administrativas y Planificación —RAP se conviertan en Regiones como Entidades Territoriales —RET. Estamos a un año de tremendo reto.

Esto es la materialización del proceso de autonomía de las regiones previsto en el artículo 307 de la Constitución, que ordena: “La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados…”

Para poner ese proceso en marcha se requiere del visto bueno y el trámite ante la Registraduría Nacional, única autoridad electoral que debe organizar el referendo y, de acuerdo con las exigencias constitucionales, cada una de las asambleas departamentales deberá entregar facultades a cada gobernador (a) para que pueda formar parte de este proceso. En el Caribe estamos en eso.

Será necesario, además, que cada una de las regiones que deseen hacer este tránsito a entidad territorial, tramiten su propia ley regional con el fin de cumplir los requisitos para llegar al ‘Referendo por las regiones’.

Se requiere, entonces, generar todos los apoyos y procesos desde el Gobierno nacional y construir la voluntad de todos los gobernadores y las asambleas de los departamentos que tengan al menos 5 años de pertenecer a una RAP y desee convertirse en RET como evidentemente lo quiere la región Caribe.

Debemos tener una gran participación ciudadana para que sea un proceso contundente.
El resultado final —y esta es la gran motivación— es tener un Estado regional. Esto daría la posibilidad de manejar nuestra región con autoridades propias, no depender del centralismo como hoy ocurre, participar de las rentas y los Ingresos Corrientes de la Nación —ICN con el propósito de cumplir con un plan de desarrollo regional que integre proyectos que impacten a varios departamentos; esto es pensar en grande.

Llegar a este punto requiere un proceso de formación colectiva y de preparación académica ordenada y nítida en distintas direcciones.

Tenemos que comprometernos con la preparación política a todo nivel para impulsar esta transformación no solo para el proceso de participación ciudadana que se avecina, sino para que nuestras próximas generaciones dirijan su propio destino, esto es crear capacidades colectivas.

Alineado a este propósito, será tramitada ante el Congreso de la República la Ley de Competencias, mediante la cual se definirán las nuevas responsabilidades que asumirán la Nación, las gobernaciones, distritos y municipios una vez se aplique el incremento gradual de las transferencias del SGP a los territorios, que llegarán a 39,5 %. Esta ley deberá ser presentada el próximo 20 de julio y estará lista en 24 meses para entrar en vigencia el 1 de enero de 2027.

Todo este ecosistema sociopolítico nos obliga a una mejor preparación colectiva y en el Caribe estamos listos