El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena de 18 años de prisión contra César Antonio de Lima Granados, exintegrante de la Policía Nacional, tras ser hallado culpable del homicidio de un ciudadano perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ y la tentativa de homicidio contra otra persona. La decisión ratifica el fallo de primera instancia proferido por un juzgado de conocimiento.

Los hechos, que ocurrieron el 3 de marzo de 2014 en un establecimiento nocturno del barrio Canapote en Cartagena, volvieron a cobrar relevancia tras la decisión del alto tribunal, que rechazó los argumentos de apelación presentados por la defensa del expatrullero. Con esta decisión, se cierra un capítulo judicial que representa un precedente en el abordaje de crímenes donde la discriminación y el abuso de poder se entrelazan.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, De Lima Granados y otro uniformado llegaron al lugar con el argumento de intervenir una riña. Sin embargo, se probó que ambos agentes utilizaron sus armas de dotación para agredir a personas que no estaban relacionadas con el conflicto, excediendo su función como agentes del Estado.

Durante la confusión, varias personas intentaron huir del establecimiento. Fue en ese momento cuando el expatrullero abrió fuego indiscriminadamente, impactando mortalmente a un joven de la comunidad LGBTIQ+ y lesionando a otro ciudadano en una de sus extremidades.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo también impone a De Lima Granados la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena, una sanción que subraya la gravedad del abuso cometido por quien, en su momento, ostentaba autoridad policial.

Contexto nacional y llamado a la reforma institucional

Este caso ha vuelto a generar debates a nivel nacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública, especialmente en contextos de diversidad sexual. Organizaciones como Colombia Diversa y Temblores ONG han reiterado la necesidad de avanzar en mecanismos de control, formación en derechos humanos y políticas de no discriminación dentro de las instituciones armadas.

El más reciente informe de Temblores, titulado “Bolillo, Dios y Patria”, reveló que en la última década se han documentado más de 1.000 casos de violencia policial contra personas de la comunidad LGBTIQ+, muchas veces sin sanción disciplinaria o penal efectiva.

Frente a este panorama, voceros de la Defensoría del Pueblo reiteraron su llamado al Estado colombiano para fortalecer las rutas de denuncia y acompañamiento a víctimas de violencia institucional, así como a garantizar una verdadera reparación integral.