El exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por su implicación en la masacre de Macayepo, ha solicitado la revisión de su condena basándose en el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso de Saulo Arboleda.

A través de una acción de tutela presentada ante la Sala de Casación Civil, García Romero busca que se le aplique el derecho a la doble conformidad, una garantía jurídica implementada en 2018 y ratificada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Arboleda Gómez vs. Colombia.

El fundamento de su solicitud

El exsenador argumenta que, dado el precedente sentado por la CIDH y la Corte Suprema, su condena también debería ser revisada bajo el principio del control de convencionalidad.

“En el año 2018 se implementa la garantía de la doble conformidad, en especial, para los aforados constitucionales. En vista de lo anterior, en reciente pronunciamiento de la CIDH en el caso Arboleda Gómez Vs. Colombia, se conminó al Estado Colombiano a permitir la doble conformidad”, explicó García Romero.

El exsenador espera que su solicitud sea aceptada y que se le conceda la posibilidad de impugnar la decisión que lo mantiene tras las rejas.

¿Cuál fue el papel de García en la masacre de Macayepo?

La masacre de Macayepo ocurrió entre el 9 y el 17 de octubre de 2000 en varias veredas del corregimiento del mismo nombre, ubicado en los Montes de María, entre Sucre y Bolívar. El ataque fue perpetrado por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La incursión armada tenía como objetivo consolidar el dominio paramilitar en la zona y recuperar ganado que, según informes, había sido robado por grupos subversivos. Según la sentencia de la Corte Suprema, García Romero, en su calidad de senador, habría utilizado su influencia para garantizar que las fuerzas militares no intervinieran en el ataque, facilitando así la masacre.

Ahora, con la reciente decisión de la Corte Suprema sobre el caso Arboleda, García Romero busca que su condena sea revisada con base en el principio de la doble conformidad, un derecho que, según él, le fue vulnerado en su proceso judicial.