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Expectativa en Caldas por fallo de la Corte Constitucional sobre venta de aguardiente

La Corte Constitucional podría definir hoy, 30 de enero, el futuro de la comercialización de aguardientes en Colombia. La decisión está en manos del conjuez Humberto Sierra Porto, quien deberá desempatar la votación sobre la demanda presentada por la Industria Licorera de Caldas (ILC) en contra de las restricciones departamentales a la venta de licores.

El debate gira en torno al llamado monopolio de licores, que permite a los departamentos limitar la entrada de ciertos productos a sus territorios. Esta discusión se avivó tras la prohibición, en junio de 2023, de la comercialización del Aguardiente Amarillo de Manzanares en Cundinamarca. La ILC argumenta que estas restricciones afectan la libre competencia y que debe ser el consumidor quien decida qué licor consumir.

Postura de la Industria Licorera de Caldas

Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC, defendió la necesidad de permitir una competencia justa en el mercado de licores y aseguró que han trabajado incansablemente para que se garantice el derecho del consumidor a elegir.

“Hemos respaldado esta demanda porque creemos que la decisión sobre qué aguardiente consumir debe estar en manos del consumidor, no en las oficinas de un gobernador”, declaró Angelillis. Además, destacó que el empate registrado en la votación de diciembre es una señal alentadora para su causa: “Esto demuestra que hay argumentos sólidos para declarar inconstitucional la restricción”.

Argumentos de los demandantes

El abogado Jorge Enrique Sánchez, uno de los impulsores de la demanda, explicó que el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 otorga a los gobernadores la facultad de suspender, por períodos de seis años renovables, los permisos para la comercialización de aguardientes en sus departamentos. Según los demandantes, esta medida vulnera el principio de libre competencia económica y contradice el modelo de estado unitario que rige en Colombia.

“Este esquema de fronteras departamentales limita la comercialización y afecta la equidad en el mercado. No solo perjudica a Caldas, sino también a otros departamentos que podrían generar ingresos a través de la venta de sus propios licores para financiar la educación y la salud”, agregó Sánchez.

Expectativa ante el fallo

La Corte Constitucional discutirá el tema en Sala Plena, y se espera que el conjuez Sierra Porto incline la balanza hacia una decisión definitiva. La industria licorera de Caldas mantiene la esperanza de que se reconozca el derecho a la libre comercialización y se ponga fin a las restricciones que afectan a varias regiones del país. Mientras tanto, el sector aguardientero está a la expectativa de un fallo que podría transformar el mercado de licores en Colombia.

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