A través de una carta dirigida al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el Agente Interventor de Air-e, Edwin Palma, solicitó la revisión de la legalidad del cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana que aparece en las facturas de energía de los usuarios del departamento.
En el documento, conocido por Caracol Radio, Palma expresa que debido a algunas inquietudes sobre la regulación de este cobro, solicita una revisión de los procesos de liquidación, facturación y recaudo de la tasa. Además, destaca que el análisis de las normas involucradas podría estar violando principios fundamentales establecidos en la Constitución y en la legislación tributaria.
Discrepancias sobre la legalidad del cobro
Según Air-e, esta tasa está contenida en el Decreto Ordenanza 545 de 2017 y sus modificaciones en los años posteriores, pero señalan que algunas de estas normativas pueden estar contraviniendo principios de legalidad, autonomía, justicia y equidad tributaria.
El documento también resalta que, de acuerdo con la Ley 1386 de 2010, las entidades territoriales no pueden delegar en terceros la liquidación de tributos, algo que, según Air-e, está sucediendo con el cobro de esta tasa a las empresas comercializadoras de energía, como lo exige la norma. Además, mencionan que las Leyes 1421 de 2010 y 2272 de 2022 no facultan a las entidades para imponer sanciones por no presentar la declaración y el pago del recaudo de tributos.
Impacto en los sectores industriales y comerciales
La empresa de energía señala que el cobro de la tasa, especialmente a usuarios industriales y comerciales, está generando una carga económica desproporcionada. Este impacto podría afectar negativamente la competitividad de estos sectores y contradecir los principios de igualdad y progresividad tributaria, ya que los tributos deben ajustarse a la capacidad económica de los contribuyentes.
Propuesta de mesa de trabajo
Air-e también sugiere la creación de una mesa de trabajo con el objetivo de revisar el proceso de estructuración de la tasa y las gestiones realizadas por las comercializadoras de energía. La compañía considera que estas funciones deberían ser propias de la entidad territorial, ya que actualmente los comercializadores de energía se encuentran en una posición legislativa limitada para ejecutarlas.
La mesa de trabajo se propone para el martes 17 de diciembre de 2024, a las 2:00 p.m., y se llevará a cabo en las oficinas de Air-e, ubicadas en el piso 10 de la Torre Norte del Edificio Torres del Atlántico, en Barranquilla.
Con esta solicitud, Air-e busca aclarar las dudas sobre la legalidad del cobro y encontrar soluciones que garanticen una correcta aplicación de la normativa sin afectar la competitividad de los sectores económicos.
