El Gobierno está considerando la creación de una zona de reserva temporal en el Páramo de Santurbán, donde se impondrían restricciones a la minería, con el objetivo de proteger los recursos hídricos y el medio ambiente. Esta propuesta genera dos posibles escenarios: por un lado, la preservación de la biodiversidad y los recursos hídricos, y por otro, el impacto negativo en las familias que dependen de la minería como fuente de ingresos.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, subrayó que la medida busca conservar el ciclo del agua que abastece los acueductos de la región, incluyendo el de Bucaramanga, que provee agua a 1,3 millones de personas. La delimitación precisa de la zona de reserva es clave para evitar que la minería ilegal tome fuerza en el área, lo que podría generar mayores problemas ambientales.

Minería ilegal amenaza la zona
El Páramo de Santurbán también enfrenta un grave problema con la minería ilegal. Existen túneles de exploración abandonados por una multinacional minera que operaba en la región, los cuales han sido ocupados por mineros ilegales, ocasionando una significativa contaminación. Por ello, la propuesta de reserva busca proteger las cuencas de agua y evitar la proliferación de actividades ilegales.

En la zona también existen 57 títulos mineros inactivos y 35 solicitudes adicionales que, según la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (CAR), deberían ser conservadas para proteger el ciclo del agua. La creación de la reserva se plantea como una medida para prevenir posibles conflictos legales que puedan afectar la seguridad jurídica del Estado y los derechos de la población.

Acciones legales y consultas
Desde el Ministerio de Ambiente se han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por la situación de los túneles de exploración abandonados, buscando responsabilizar a la empresa minera que los dejó sin sellar.

La ministra Muhamad indicó que la resolución sobre la creación de la reserva está abierta a consulta pública y revisión técnica, e incluye los municipios de Vetas, California y Suratá, en Santander, y la ciudad de Bucaramanga, dada la importancia de la zona para el bienestar de sus habitantes.

A pesar de las restricciones propuestas, la ministra enfatizó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con todos los actores involucrados, incluidas las empresas mineras, para encontrar soluciones que protejan tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades locales.