El incremento del salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro, tendrá un efecto directo en el mercado de la vivienda de interés social en Colombia. La decisión de fijar el ingreso mínimo en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, implica un ajuste automático en los valores máximos de las viviendas VIS y VIP, debido a que estos inmuebles están indexados al salario mínimo mensual legal vigente.

Con el salario base establecido en $1.750.905, los nuevos topes para la compra de vivienda social quedan definidos así: la vivienda de interés prioritario, cuyo límite es de 90 salarios mínimos, podrá costar hasta $157.581.450. En el caso de la vivienda de interés social, el tope general será de 135 salarios mínimos, equivalente a $236.372.175. Para las principales ciudades del país —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla—, el límite se amplía a 150 salarios mínimos, lo que fija un valor máximo de $262.635.750 para 2026.

Este ajuste refleja un aumento proporcional del 23 %, el mismo porcentaje aplicado al salario mínimo, lo que encarece el acceso a vivienda para miles de familias que dependen de estos rangos para comprar casa propia. El efecto es inmediato, ya que los precios de referencia se actualizan automáticamente al iniciar el nuevo año.

Ante este escenario, el Gobierno ha planteado alternativas para mitigar el impacto. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que se analiza la posibilidad de desindexar la vivienda de interés social del salario mínimo, una medida que permitiría desacoplar los precios de estos inmuebles de futuros incrementos salariales. No obstante, hasta ahora, la VIS y la VIP no han sido incluidas formalmente dentro del grupo de bienes desindexados.

En cuanto a los subsidios de vivienda, las condiciones de acceso se mantienen. Los hogares interesados deben contar con ingresos iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos, lo que para 2026 equivale a $7.003.620. Además, no pueden ser propietarios de vivienda ni haber recibido subsidios previamente, deben estar inscritos en programas oficiales como Mi Casa Ya o el Fondo Nacional del Ahorro y demostrar capacidad para acceder a un crédito hipotecario o disponer de recursos propios.

La asignación de estos subsidios seguirá dependiendo de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de los requisitos definidos por las entidades encargadas. Mientras tanto, el nuevo salario mínimo redefine el panorama del sector vivienda y plantea nuevos retos para quienes buscan acceder a una solución habitacional en 2026.