La carrera política hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Colombia entró en un escenario de alta tensión debido al aumento de hechos violentos que han obligado a varios candidatos a limitar sus actividades proselitistas en distintas regiones del país. Aspirantes al Congreso y a la Presidencia advirtieron que el deterioro del orden público está afectando el desarrollo normal de la contienda democrática, mientras autoridades y analistas alertan sobre el impacto que estos episodios pueden tener en la participación ciudadana y la estabilidad institucional.

Durante las últimas semanas se registró una serie de ataques y acciones armadas que incluyeron asesinatos, secuestros y atentados contra miembros de campañas políticas. Según reportes conocidos, algunos candidatos optaron por reducir sus recorridos territoriales ante el riesgo de agresiones, especialmente en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales ha incrementado tras el debilitamiento de los procesos de negociación con organizaciones criminales y el auge del narcotráfico.

El panorama de seguridad también ha obligado a reforzar los esquemas de protección. Líderes políticos señalaron que actualmente existen regiones consideradas de alto riesgo donde resulta prácticamente imposible realizar actos públicos sin autorización de actores armados, lo que ha generado preocupación entre organizaciones que vigilan la transparencia electoral. La Misión de Observación Electoral advirtió que el número de municipios catalogados en “riesgo extremo” casi se duplicó frente a los comicios anteriores, reflejando un contexto complejo para las campañas.

En medio de este ambiente, el debate político se ha polarizado entre propuestas que buscan continuar con estrategias de diálogo con grupos ilegales y otras que plantean una línea dura basada en acciones militares más contundentes. El Gobierno nacional, por su parte, ha prometido intensificar las operaciones contra estructuras criminales tras encuentros internacionales enfocados en seguridad, mientras algunos sectores advierten que estas decisiones podrían generar represalias y aumentar la presión en regiones históricamente afectadas por el conflicto.

Analistas consultados coinciden en que la violencia no solo pone en riesgo la integridad de los candidatos, sino que también podría afectar la economía y el clima empresarial, debido al incremento de extorsiones y restricciones en territorios estratégicos para actividades productivas. Además, señalan que el control territorial de las organizaciones ilegales podría influir en el comportamiento electoral de comunidades enteras, ya sea limitando la movilidad o condicionando el voto.

Pese a los desafíos, distintos sectores políticos reiteraron que el país ha logrado superar episodios violentos en procesos electorales anteriores y confían en que las instituciones mantendrán las garantías democráticas. Sin embargo, el llamado generalizado es a fortalecer las medidas de seguridad y la presencia estatal en las regiones más vulnerables para evitar que la violencia determine el rumbo de las elecciones de 2026 y asegurar que la ciudadanía pueda participar de forma libre y segura en las urnas.