La situación de seguridad en el sur de La Guajira volvió a encender las alertas humanitarias tras el asesinato de José Miguel Mójica Conchagüí, reconocido líder social del pueblo indígena Wiwa, ocurrido el pasado 26 de diciembre en la vereda La Múcura, zona rural del municipio de San Juan del Cesar. El crimen desató el desplazamiento forzado de varias familias asentadas en la cuenca del río Ranchería, quienes abandonaron sus viviendas ante el temor de nuevos hechos violentos.

Líderes comunitarios denunciaron que este homicidio no es un hecho aislado. En los últimos tres meses, al menos tres integrantes del pueblo Wiwa han sido asesinados, entre ellos dos mujeres, en medio de la disputa territorial de grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según relataron, el asesinato del líder ocurrió frente a miembros de su comunidad y posteriormente no fue posible adelantar la inspección judicial, debido a enfrentamientos armados que se registraron cuando tropas oficiales intentaron ingresar al sector.

La tensión se agravó un día después, el 27 de diciembre, cuando se presentó un enfrentamiento armado en inmediaciones del puente de Marocaso entre unidades del Ejército Nacional de Colombia y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El intercambio de disparos dejó a varias comunidades indígenas atrapadas en medio del fuego cruzado y aceleró la salida forzada de las familias hacia otros puntos del resguardo.

De acuerdo con las denuncias, la comunidad de La Múcura quedó completamente deshabitada. Sus habitantes se desplazaron de manera interna hacia zonas consideradas menos riesgosas, aunque sin garantías reales de protección. Voceros indígenas advirtieron que actualmente no existe presencia institucional permanente que asegure la vida y la integridad de las comunidades que permanecen en el territorio.

Las organizaciones indígenas señalan que la violencia estaría relacionada con la confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una disputa que, aseguran, se intensificó desde 2024 y ha dejado un saldo de asesinatos, amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados en zonas rurales de La Guajira.

Ante este panorama, las autoridades tradicionales y líderes comunitarios hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas de protección inmediatas, garantice la presencia del Estado en los territorios ancestrales y permita el retorno seguro de las familias desplazadas. Advierten que, de no intervenirse de manera oportuna, la crisis humanitaria podría profundizarse y poner en riesgo la supervivencia cultural de estas comunidades indígenas.