El fallo jurídico se dio en el marco de una acción de cumplimiento interpuesto por el concejal del Partido Alianza Verde, Julian Rodríguez Sastoque y la edilesa de la localidad de Barrios Unidos, Julbia Herrera, una acción que busca que las mujeres tengan una herramienta clave para su protección.
Frente al recurso, el Tribunal consideró que el presidente de la República, Gustavo Petro, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia incumplieron la Ley 2126 de 2021 – Ley de Comisarías de Familia, particularmente, el literal b) de su artículo 18.
La decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena al Gobierno Nacional cumplir la Ley de Comisarías de Familia y reglamentar e implementar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación en un plazo máximo de tres (3) meses.
Tras el fallo el concejal de Bogotá indicó que la entidad de la rama judicial les dio la razón en busca de garantizar las herramientas para combatir la violencia intrafamiliar y de género.
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio una vez más la razón y profirió un fallo que además de histórico es determinante para proteger a nuestras mujeres. Nunca más en Bogotá y en ningún rincón de Colombia una mujer tendrá que huir y esconderse, es el agresor y el violento el que tiene que alejarse. Luego de dos años de la entrada en vigencia de esta ley no se han dignado a reglamentar la utilización de los dispositivos electrónicos de distanciamiento y alerta de aproximación, que se utilizan en otros países como España para prevenir y proteger a las mujeres que son víctimas de violencia y están en riesgo de feminicidio”, afirmó Julian Rodríguez.
La importancia del fallo para combatir la violencia intrafamiliar y de género radica en que es innegable que el país está en Estado de Emergencia por Violencia de Género.
Además, según la Procuraduría General de la Nación en los primeros cinco (5) meses del 2023 se registraron 213 feminicidios a nivel nacional, 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual.
