La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas frente a la creciente violencia en Buenaventura, Valle del Cauca. En un pronunciamiento oficial, Márquez solicitó la realización de un consejo de seguridad en el puerto más importante del país, con el objetivo de definir estrategias urgentes para la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado y el crimen organizado.

Escalada de violencia en Buenaventura

El municipio de Buenaventura ha experimentado un alarmante aumento de homicidios en lo corrido del año, superando las 50 víctimas. Solo en el último fin de semana, cinco personas fueron asesinadas, entre ellas Vladimir Bravo Núñez, conocido como “Vlacho”, una joven promesa del fútbol colombiano. El deportista de 24 años fue atacado a tiros en el barrio La Independencia mientras se dirigía a comprar alimentos, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La situación ha generado una creciente preocupación entre la población y las autoridades locales. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, advirtió sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las bandas criminales “Los Shottas” y “Los Espartanos”, lo que ha obligado a muchos habitantes a refugiarse en sus hogares por temor a quedar en medio del conflicto.

Llamado del Gobierno a la acción

Ante esta crisis de seguridad, la vicepresidenta reiteró su compromiso con la paz en Buenaventura y en el Pacífico colombiano, enfatizando que “como Gobierno, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar que Buenaventura y otros territorios golpeados por la violencia puedan vivir en paz”.

Márquez también hizo un llamado específico al ministro de Defensa y al alto comisionado de Paz para atender de manera prioritaria la crisis, estableciendo medidas que permitan reducir la escalada de homicidios y la presencia de grupos criminales en la región.

Preocupación por la seguridad y el futuro de Buenaventura

El aumento de la violencia en Buenaventura ha sido un problema recurrente debido a la disputa territorial entre bandas delincuenciales que buscan controlar las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales. La población civil, atrapada en medio de estos conflictos, sigue siendo la principal víctima de la crisis de seguridad.

Las organizaciones sociales y los habitantes del puerto han manifestado reiteradamente su preocupación y exigen la implementación de políticas efectivas de seguridad y justicia. Mientras tanto, la solicitud de un consejo de seguridad por parte de la vicepresidenta se presenta como una oportunidad para establecer estrategias que permitan devolver la tranquilidad a la región y frenar el accionar de los grupos armados ilegales.