Una fuerte controversia sacude al sector energético colombiano tras la denuncia realizada por la Unión Sindical Obrera (USO), que alertó sobre una exigencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a Ecopetrol para pagar $9,4 billones por concepto de IVA sobre la gasolina importada entre los años 2022 y 2024.

Según el sindicato, la DIAN emitió tres requerimientos especiales aduaneros en los que fundamenta el cobro en una interpretación interna del Estatuto Tributario. La cifra total, detalló la USO, se desglosa en $6,1 billones que corresponderían directamente a Ecopetrol, $1 billón a la Refinería de Cartagena (Reficar) y $2,3 billones más en intereses generados.

Para la USO, esta medida constituye una “reforma tributaria individual” aplicada exclusivamente a la petrolera estatal, lo que podría generar un grave impacto sobre su estabilidad financiera. El sindicato advirtió que, de extenderse estos requerimientos al diésel (ACPM), el valor total exigido podría superar los $21 billones.

“El cobro compromete recursos clave de la empresa, los mismos que están destinados a inversiones en exploración, producción, pagos a contratistas, funcionamiento y transferencias a la Nación”, señaló el gremio, agregando que se estaría atentando contra la viabilidad financiera de la principal compañía del país.

Asimismo, cuestionaron que una dirección administrativa como la DIAN interprete normas tributarias que, según la Constitución, son competencia exclusiva del Congreso de la República. “Se está vulnerando el principio de legalidad en materia tributaria”, aseguró la USO.

En su comunicado, el sindicato también pidió reconsiderar la decisión e hizo una propuesta alternativa: que se establezca un IVA del 5 % tanto para combustibles importados como para los producidos internamente por Ecopetrol, dado que ambos tienen el mismo destino, que es el abastecimiento del consumo nacional.

Finalmente, la organización sindical solicitó a la administración de Ecopetrol y su Junta Directiva iniciar una defensa firme frente a lo que consideran un intento de aplicar una carga tributaria desproporcionada que pondría en riesgo la sostenibilidad de la empresa y el equilibrio energético del país.

Este nuevo capítulo abre un debate profundo sobre los límites del poder fiscal, la interpretación tributaria y el impacto que este tipo de decisiones pueden tener sobre las empresas estatales estratégicas.