La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó una queja de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República para que se investiguen presuntas irregularidades en nombramientos realizados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El documento, de 25 páginas, fue radicado por Andrés Ordóñez Buitrago, presidente de Unidiplo. En la denuncia se señala a los cuatro funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante esa administración: Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio.

Según el sindicato, durante ese periodo se habrían realizado más de 100 nombramientos provisionales en cargos de la carrera diplomática y consular sin cumplir, presuntamente, los requisitos legales para justificar la designación de personas ajenas a la carrera cuando había funcionarios disponibles para ocupar esos puestos.

La organización pide que se establezca si esas decisiones ocasionaron un detrimento patrimonial y que se determinen las posibles responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados. La presentación de la queja no significa que exista una responsabilidad fiscal declarada ni que los señalados hayan sido sancionados.

El sindicato cuestiona los gastos de los nombramientos

Uno de los argumentos centrales de Unidiplo es que las designaciones cuestionadas habrían generado costos adicionales para el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Entre los gastos que solicita revisar están los tiquetes de traslado de los funcionarios nombrados en el exterior y de sus familiares, las primas de instalación, los viáticos, el transporte de menaje doméstico y otros beneficios relacionados con el servicio exterior.

El sindicato sostiene que algunos nombramientos terminaron en procesos judiciales que concluyeron con decisiones de nulidad favorables a la carrera diplomática y consular. A juicio de la organización, cuando una designación es anulada, el Estado puede terminar asumiendo tanto los costos del traslado inicial como los del regreso del funcionario a Colombia.

Por esa razón, Unidiplo solicitó a la Contraloría que requiera a la Cancillería la información necesaria para calcular cuánto dinero se habría gastado en los nombramientos cuestionados y en los posteriores reintegros al país.

También señalan a exdirectores de Talento Humano

La queja no se limita a los cuatro excancilleres. El sindicato también pide investigar a funcionarios que ocuparon cargos directivos en el área de Talento Humano de la Cancillería y que, según la denuncia, habrían expedido certificaciones sobre la falta de disponibilidad de personal de carrera diplomática y consular.

En el documento aparecen los nombres de Silvia Margarita Carrizosa Camacho, Lina Cecilia Luna Gutiérrez, Diana Sofía Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero Beltrán.

Unidiplo considera que esas certificaciones deben ser examinadas para establecer si se ajustaron a las normas y si sirvieron de soporte para realizar nombramientos provisionales que no cumplían las condiciones legales.

La organización sostiene que los responsables de las decisiones debían conocer las reglas que rigen la carrera diplomática, especialmente cuando existía personal disponible para ocupar los cargos.

Más de cien procesos judiciales, según Unidiplo

En su denuncia, el sindicato asegura que ha promovido más de cien procesos judiciales contra nombramientos de este tipo. Según la organización, esas actuaciones buscaban que se respetaran los requisitos de la carrera diplomática y se corrigieran decisiones que consideraba contrarias a la normativa.

Unidiplo pidió a la Contraloría iniciar la investigación fiscal y solicitar a la Cancillería un registro detallado de las demandas de nulidad relacionadas con esas designaciones, además de los gastos que se derivaron de cada caso.

La entidad de control deberá evaluar si hay elementos para abrir una investigación formal, cuantificar un eventual daño a los recursos públicos y establecer si existen responsables fiscales.

El caso vuelve a poner en discusión la forma en que se asignan los cargos diplomáticos en Colombia y el equilibrio entre la facultad del Gobierno para designar representantes en el exterior y el cumplimiento de las normas que regulan la carrera diplomática y consular.