La Rama Judicial ha decidido dar un trato prioritario al proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de un acuerdo emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, se autorizó a una Sala del Tribunal Superior de la capital para que se dedique de manera exclusiva a estudiar la apelación de la condena de 12 años dictada contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La medida establece que, desde el 5 hasta el 20 de agosto de 2025, los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integran la Sala Penal No. 19, concentrarán toda su labor judicial en la resolución de esta segunda instancia. Durante este periodo no recibirán nuevos casos ni tutelas en sus despachos, con el fin de garantizar celeridad y rigurosidad en el estudio del proceso.

Según el acuerdo emitido, esta decisión responde a la “complejidad y connotación nacional del proceso seguido en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez”, por lo que se consideró necesario liberar a los magistrados de otras responsabilidades judiciales para que puedan asumir el conocimiento pleno del caso.

El Consejo Seccional también precisó que no habrá compensación por la suspensión temporal del reparto de tutelas, la cual fue oficialmente comunicada al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

Con esta medida, la justicia colombiana busca avanzar con prontitud y transparencia en uno de los procesos más mediáticos y trascendentales en la historia reciente del país, mientras el país sigue expectante frente a la decisión que podría confirmar o revocar la condena impuesta al exmandatario.