La segunda fase del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, abrió un nuevo capítulo judicial luego de conocerse que tres de los ocho procesados iniciaron acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para negociar un posible preacuerdo.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, las personas que buscan avanzar en esa negociación son Ana María Riveros, Sonia Rocío Romero y Édgar Riveros Rey, investigados dentro del capítulo relacionado con la presunta entrega irregular de 100.000 millones de pesos en un convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.

La investigación hace parte de la llamada segunda fase del desfalco a la entidad encargada de la gestión del riesgo en Colombia, un caso que ha involucrado contratos, convenios y presuntos favorecimientos irregulares con recursos públicos. En este nuevo frente, el ente acusador busca establecer cómo se habría facilitado y gestionado la entrega de millonarios recursos mediante acuerdos administrativos que hoy están bajo la lupa judicial.

Los preacuerdos, de concretarse, podrían permitir que los procesados acepten cargos, entreguen información relevante o colaboren con la justicia a cambio de beneficios dentro del proceso penal. Sin embargo, cualquier negociación deberá ser revisada por la Fiscalía y posteriormente avalada por un juez, de acuerdo con los requisitos legales.

El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país, debido al presunto uso indebido de recursos destinados originalmente a atender emergencias, prevenir desastres y apoyar a comunidades vulnerables. La segunda fase del expediente busca determinar nuevas responsabilidades y ampliar el mapa de personas que habrían participado en maniobras irregulares.

Caracol Radio informó que el proceso involucra a ocho personas en esta etapa, aunque por ahora solo tres estarían explorando una salida negociada con la Fiscalía. La información que puedan aportar será clave para establecer si existieron más funcionarios, contratistas o particulares involucrados en la estructuración y ejecución del convenio investigado.

La presunta entrega irregular de los 100.000 millones de pesos entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD se suma a los demás capítulos que han rodeado el expediente, en el que también se han mencionado contratos de carrotanques, compra de maquinaria y posibles pagos indebidos a actores políticos.

Las autoridades judiciales deberán definir si los acercamientos con Ana María Riveros, Sonia Rocío Romero y Édgar Riveros Rey avanzan hacia un acuerdo formal y qué tipo de información estarían dispuestos a entregar dentro del proceso. Por ahora, el nuevo capítulo confirma que el escándalo de la UNGRD continúa ampliándose y que la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el destino de los recursos públicos comprometidos.