El polémico tema del cobro de valorización sobre la Vía al Mar que une a Barranquilla y Cartagena, y la Circunvalar de la Prosperidad en el área metropolitana de capital del Atlántico fue epicentro del debate público en la audiencia informal que convocó el presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República, el senador Carlos Meisel.

La jornada de análisis y argumentos se cumplió en el recinto de la Asamblea Departamental por espacio de cuatro horas con la presencia del gobernador Eduardo Verano; la ministra de Transporte, María Constanza García y su equipo de trabajo; los senadores, Mauricio Gómez, Antonio Zabaraín y Pedro Flores; los representantes a la Cámara, Gérsel Pérez y Modesto Aguilera; el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud; Jorge Segebre , presidente de Camacol; Mario Muvdi, directivo de Cotelco; Juan Oliveros, del Consejo Intergremial de Bolívar; presidentes de Juntas de Acción Comunal de sectores de Barranquilla y Cartagena, entre otros.

Como conclusión general se acordó, mientras se esperan resultados de una serie de demandas interpuestas ante la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seguir avanzado en aspectos como una socialización detallada del cobro de la valorización; claridad en la aplicación de los montos a pagar por los predios afectados; así como la destinación específica del recaudo en materia de inversión en el territorio.

Precisamente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que su gobierno no tiene la potestad de ir en contra de las normas del Ministerio de Transporte, porque en casos como el cobro de la valorización es correspondencia de los altos tribunales del Estado.

“Ya hay las demandas, vamos a ver qué dicen los tribunales, pero lo que nosotros estamos haciendo con la ministra es que, si se da este cobro de valorización, pedimos que lo recaudado sea invertido en nuestro territorio y estamos pactando con ella una serie de obras que serán muy atractivas para el departamento”, comentó el mandatario.

Verano precisó que, en todo el proceso, cada uno tiene su propio rol lo cual quedó en evidencia en el desarrollo de la audiencia como el caso específico de los senadores y representantes a la cámara, voceros gremiales, de las comunidades y los delegados por el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte.

“De parte de los asistentes y los que tuvieron oportunidad de hablar se presentaron una serie de informaciones, estadísticas de capacidad de pago y del impacto; la Gobernación también presentó un planteamiento, lo mismo que la señora; pero yo creo que todo obedece a un modelo centralista, que es por lo cual estamos luchando hace muchos años y del cual tenemos que estar pendientes. Entonces, será lo primero que todo este proceso sea resuelto de una manera jurídica por parte de las autoridades competentes”, señaló.

El gobernador planteó que si los procesos judiciales puestos a consideración de organismos como la Corte Constitucional, el Consejo de Estados y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prosperan en favor del Ministerio de Transporte, lo que les correspondería a las autoridades administrativas regionales es concertar tareas.

“Dentro de mi rol de gobernador está buscar todas las tareas que sean posibles para abarcar  y con las cuales estamos trabajando con el Ministerio como la culminación de la doble calzada Barranquilla-Puerto Colombia; la ejecución del plan vial macro del departamento y a nivel metropolitano; la deconstrucción del puente Pumarejo para ampliar la zona portuaria de Barranquilla; el Tren Regional del Caribe; la ampliación a doble calzada de la vía Juan Mina; la sexta entrada en Malambo; el corredor turístico y ecológico en el cerro San Luis; el intercambiador vial del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz; el corredor portuario de Soledad”, comentó el gobernador Verano.

La ministra de Transporte, María Constanza García, manifestó que fue la oportunidad para explicarle a la ciudadanía de los departamentos de Atlántico y Bolívar la justificación legal del cobro de valorización, incluso la oportunidad de sus autoridades administrativas de aprovecharla.

“Era muy importante para nosotros asistir hoy a esta convocatoria y poderle también explicar a los ciudadanos cuáles son las reglas que rigen este cobro de valorización, que está establecida en la ley que le permite al Gobierno nacional cobrar parte del beneficio que se genera por las inversiones del mismo gobierno”, manifestó.

Sostuvo también que se tuvo la oportunidad de hacer claridad en que la ejecución de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad no se ha pagado, exclusivamente, con lo que se recauda en sus peajes puesto que solo representa el 24 %, sino que se aplica el mecanismo de las vigencias futuras que, hasta el momento, han permitido aportes por 1,2 billones de pesos, y la se tiene programada una suma igual.

Precisó que si bien se han identificado 248.000 predios en el área de infraestructura en los dos corredores viales solo se le aplicará el cobro a 147.000; el resto han sido declarados exentos o excluidos, como bienes de los estratos 1, 2 y 3 que no sean multipropietarios, de categorías A y B, así como las unidades agrícolas.

La ministra García indicó que, a través de Invías, se seguirá el proceso de socialización acogiendo una de las solicitudes hechas por varios de los que intervinieron en la sesión informal.
“Realmente valoramos muchísimo estos espacios, por eso quisimos hacer presencia y venir a escuchar, pero también es muy importante esa escucha en doble vía, para que se entiendan los argumentos. Estamos muy atentos, yo sé que este proceso ha generado varias demandas, las cuales, en algunos casos ya han sido aceptadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, pero nosotros estamos también atentos a presentar nuestros argumentos legales”, anotó la funcionaria.

Por último, ratificó que las autoridades regionales deben ver en los recursos de la valorización una oportunidad para desarrollar sus proyectos de infraestructura, teniendo en cuenta que los recaudado se quedarán en el sector de infraestructura.

“Hemos venido diciéndole a los gobernantes que aquí hay una oportunidad para poder financiar todas esas obras que incorporaron en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, obras como el Puente de la Hermandad, la deconstrucción del Puente Pumarejo, avanzar en proyectos de vías secundarias, entre otros proyectos”, dijo la ministra.

RESOLUCIONES DEMANDADAS

Las acciones jurídicas antes instancias como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otras, van encaminadas a que sean anuladas las disposiciones de las resoluciones 1729 del 26 de mayo de 2023, la 2615 del 27 de junio del 2024, y la 3856 del 26 de agosto del 2024, expedidas por el Instituto Nacional de Vías, Invías, las cuales contemplan el cobro de la valorización sobre la Vía al Mar más la Circunvalar de la Prosperidad.

Ambos corredores viales, enmarcados dentro de lo que se denominan carreteras nacionales de cuarta generación, 4G, fueron entregados en concesión a Ruta Costera, empresa de ISA, por un periodo de manejo de 25 años. El concesionario señala que el impacto beneficia a 3 millones de personas en su área de influencia, así como en el desarrollo social y económico de los dos departamentos.

Los demandantes del cobro de valorización, entre los que se destacan congresistas, organismos como el Comité Intergremial del Atlántico, el Consejo Gremial de Bolívar, las alcaldías de Barranquilla y Cartagena coinciden en asegurar que las dos resoluciones de Invías contienen vicios que ameritan su nulidad, relacionados con cobro retroactivo, al igual que deficiencias en los estudios y diseños, y en la base gravable de la valorización.

De acuerdo con estudios preliminares de Invías, en el área de influencia de los dos corredores viales existen 248.656 predios, pero no todos serán sujetos del cobro, pues quedarán exentos los que hagan parte de bienes habitacionales de los estratos 1, 2 y 3 y áreas rurales consideradas de pobreza extrema. Según el Mintransporte el cobro empezará a hacerse efectivo a partir de marzo del 2025.

Los predios se distribuyen en 10 municipios, ocho de los cuales corresponden al departamento del Atlántico como Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará; y dos en Bolívar, que son Cartagena y Santa Catalina.

La meta de recaudos es estimada en 2,3 billones de pesos, y de acuerdo con el Ministerio del Transporte servirán para financiar proyectos viales que deberán ser concertados con los gobiernos departamentales y locales de los departamentos de Atlántico y Bolívar.