Por segunda vez consecutiva, la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios, quedó aplazada, generando desconcierto entre la ciudadanía y fortaleciendo la percepción de que el proceso judicial avanza a paso lento. La decisión fue tomada por el Juzgado 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que concedió la reprogramación del trámite tras una solicitud realizada por la defensa de uno de los implicados.

En esta oportunidad, el abogado defensor del exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, argumentó que su apretada agenda judicial le impedía comparecer en la audiencia inicialmente fijada para el primero de abril. Según el jurista Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, su cliente ya tenía compromisos procesales en el municipio de La Ceja, donde participa en un juicio oral que se extiende durante varios días del mes de abril. Ante esta situación, el juzgado decidió devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales para que se reprograme la diligencia.

Este nuevo aplazamiento se suma a una cadena de dilaciones que han empañado el avance del caso Aguas Vivas, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en la administración de Quintero. Cabe recordar que la primera audiencia de imputación, programada para el pasado 25 de marzo, también fue suspendida por solicitud de la defensa del exsecretario General, Fabio Andrés García Trujillo, quien alegó tener compromisos académicos y judiciales que coincidían con la cita en los tribunales.

Las excusas para aplazar las diligencias no se han limitado a los representantes legales de los exfuncionarios, ya que incluso el propio abogado de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, pidió en su momento más tiempo para preparar la defensa, argumentando que había asumido recientemente la representación del exalcalde y necesitaba ajustar la estrategia jurídica.

¿Será esta una estrategia para ganar tiempo?

La serie de aplazamientos ha generado suspicacia entre los observadores del caso, quienes consideran que los defensores han encontrado en los compromisos previos y en la saturación de la agenda judicial una excusa conveniente para demorar el avance del proceso. Esta estrategia dilatoria parece haberse convertido en la tónica de un caso que involucra delitos tan graves como peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

En el centro de la controversia está el escándalo de Aguas Vivas, donde las autoridades investigan la dudosa revalorización de un terreno cuyo valor pasó de $2.711 millones a $42.719 millones, bajo la gestión de la Subsecretaría de Catastro, entonces dependiente de Montoya Serna. Esta decisión, que habría ignorado las recomendaciones técnicas de la Alcaldía de Medellín, está bajo la lupa por posibles actos de corrupción que beneficiaron a terceros.

Además de Montoya Serna, otros exfuncionarios clave del gabinete de Quintero también están en la mira judicial. Entre ellos se encuentran Fabio Andrés García Trujillo, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Alethia Carolina Arango Gil, Sergio Andrés López Muñoz, Ingrid Vanessa González Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Leidy Jiménez Echavarría y Yina Marcela Pedroza Gómez, quienes desempeñaron roles administrativos y de planeación durante la alcaldía de Quintero.

Más aplazamientos y nuevas figuras involucradas

El aplazamiento más reciente también coincidió con la suspensión de otra audiencia programada para el 31 de marzo, en la que debían comparecer el coronel retirado Juan Carlos Torres Ojeda y William Alberto Gómez, exsecretario general de Metroplús, ambos implicados en presuntas irregularidades contractuales. La coincidencia de aplazamientos y excusas ha levantado voces críticas sobre la posible intención de ganar tiempo para debilitar la acusación o incluso buscar prescripciones que favorezcan a los acusados.

Mientras el proceso sigue estancado, la expectativa ciudadana por obtener justicia se diluye ante la creciente percepción de que las estrategias de defensa están encaminadas a prolongar indefinidamente el juicio. Para los observadores políticos y judiciales, la constante postergación de las audiencias no solo afecta la credibilidad en las instituciones, sino que también prolonga la sombra de impunidad que amenaza con cubrir el caso Aguas Vivas