Un salvamento de voto conocido por Caracol Radio pidió abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, en lugar de archivar el expediente que se estudia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El documento, de 60 páginas, sería incorporado al expediente 5914 y controvierte la propuesta de archivo del caso. Según el escrito, existirían elementos suficientes para avanzar en una investigación sobre los gastos, el origen de algunos recursos y posibles violaciones a normas electorales y penales durante la campaña Petro Presidente.
El salvamento fue presentado por uno de los tres representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones y expone cuatro presuntos hechos relacionados con financiación irregular, aportes de fuentes prohibidas, posible superación de topes electorales y pagos no reportados ante las autoridades competentes.
El primer punto señalado en el documento está relacionado con presuntos aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode. Según el salvamento, esta organización sindical tendría prohibido realizar aportes a campañas presidenciales, con base en la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional.
El segundo eje se refiere a los 600 millones de pesos aprobados por la Unión Sindical Obrera, USO, durante su XX Asamblea Ordinaria Nacional, realizada el 8 y 9 de junio de 2022, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el documento, esos recursos habrían tenido como propósito reforzar la campaña en esa etapa y presuntamente no habrían sido reportados ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.
Otro de los apartados menciona posibles irregularidades en facturación aeronáutica que, según el salvamento, podrían estar relacionadas con una eventual superación de topes electorales. El escrito señala que la empresa Sadi S.A.S. habría emitido facturas originales por servicios de transporte aéreo que luego fueron reemplazadas por otras de menor valor mediante notas crédito.
De acuerdo con la auditoría forense de la firma Nexia Montes & Asociados, citada en el documento, al comparar los registros de la Aeronáutica Civil con la facturación presentada al CNE se habría identificado una diferencia de 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y de 962 millones de pesos en la segunda.
El cuarto punto hace referencia a presuntos pagos irregulares a testigos electorales mediante empresas de giros postales. Según el salvamento de voto, la campaña habría pagado a 30.256 testigos en primera vuelta por 932 millones de pesos y a 5.328 testigos en segunda vuelta por 177 millones de pesos.
El documento sostiene que estos pagos habrían sido canalizados por Ingenial Media S.A.S. a través de empresas de giros y que no habrían sido declarados en la plataforma Cuentas Claras.
El salvamento también rechaza la tesis de atipicidad planteada en el proyecto de archivo y concluye que las conductas analizadas podrían encajar provisionalmente en delitos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas y violación de topes electorales.
Además, el escrito advierte que la delegación de funciones financieras en integrantes de la campaña, entre ellos Ricardo Roa Barragán y otros responsables administrativos, no excluiría una eventual responsabilidad penal del entonces candidato, bajo la figura de comisión por omisión.
Este nuevo documento revela una división dentro de la terna de la Comisión de Acusaciones encargada de estudiar el caso de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Ahora, el debate queda centrado en si el expediente debe archivarse o si existen méritos para abrir una investigación formal contra el mandatario.
