Publicidad

Reforma laboral pone en riesgo casi 400 mil empleos

Empresas de seguridad tienen miedo, ya que se están desconociendo las dinámicas con las que opera este sector de la economía.

WhatsApp

La modificación de los recargos nocturnos y las jornadas laborales puede ser una gran amenaza para la estabilidad de las empresas que ofrecen servicios las 24 horas del día y que han generado cerca de 380.000 empleos formales, siendo el tercer sector laboral más grande del país. Esta preocupación la expresó por la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP), quien ha presentado una serie de recomendaciones para mejorar la propuesta gubernamental y, sobre todo, mantener la estabilidad laboral de sus colaboradores.

La preocupación principal de CONFEVIP se centra en el capítulo de derecho colectivo que redefine el concepto de negociación y convención colectiva, las disposiciones sobre estabilidad laboral y la imposición del contrato a término indefinido como regla general y protección laboral reforzada. 

Asimismo, la modificación de los recargos y las jornadas laborales para un sector que presta servicios las 24 horas del día ha generado gran inquietud.

Cabe resaltar que, en este sector, los trabajadores devengan ingresos superiores al resto de la población por la estructura de sus jornadas. Hoy el 52% de los vigilantes tienen vivienda propia, además existe una alta inclusión y equidad de género pues el 32% del personal operativo son mujeres y el 5% personal en situación de discapacidad.

Por otro lado, CONFEVIP se opone a la propuesta de establecer el contrato a término indefinido como regla general, ya que consideran que este tipo de contrato no garantiza la tan anhelada estabilidad laboral o «empleabilidad» y desincentiva la inversión. En el caso de la vigilancia, la Confederación propone mantener los contratos a término fijo y obra o labor.

«Las empresas de vigilancia prestan servicios a terceros por un año, 18 meses, 9 meses, entre otros, y dejar un contrato a término indefinido, nos obligaría tan pronto termine, a generar unas indemnizaciones y una cancelación abrupta del contrato laboral, lo que generaría costos que no son viables por la característica del servicio y que sin duda afectaría la empleabilidad”, explicó Miguel Ángel Díaz, presidente de la confederación.