En el municipio más grande del Putumayo, Puerto Leguízamo, la crisis cocalera se ha convertido en un desencadenante de violencia y hambruna.

Alba, una residente de Puerto Leguízamo, muestra su semblante amable, pero su rostro se llena de rabia e indignación al recordar la masacre ocurrida el 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, donde 11 personas perdieron la vida en un operativo del Ejército. Aunque han pasado más de un año desde aquel trágico evento, Alba no ha recibido respuestas ni justicia, solo disculpas vacías que no pueden mitigar su dolor.

La extensión geográfica de Puerto Leguízamo, que es equivalente a casi 30 veces el tamaño de Medellín o 10 veces el de Bogotá, brinda un terreno propicio para que diversos grupos armados operen libremente. Disidencias del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera (una alianza entre las FARC y las Autodefensas) e incluso la propia Fuerza Pública tienen presencia en la zona, convirtiendo a los aproximadamente 20,000 habitantes del municipio en víctimas, peones y, lamentablemente, también en perpetradores de la violencia.

Resulta desconcertante que en el casco urbano de Puerto Leguízamo, a pocos metros de la plaza central y cerca del muelle donde llega el mercado, se encuentre una imponente base naval de la Armada que, en lugar de transmitir seguridad, genera desconfianza entre los habitantes.

Los residentes denuncian que las «Pirañas», como llaman a las lanchas negras y agresivas utilizadas por la Armada para combatir el narcotráfico, han provocado daños y hundimientos de balsas, perjudicando su sustento y alimentación. La violencia ha afectado profundamente a la comunidad, generando conflictos constantes por cualquier contratiempo.

La situación en Puerto Leguízamo refleja una crisis humanitaria que requiere atención urgente. Los habitantes viven entre la represión de la coca y la violencia desatada, sufriendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Es necesario que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a la población, brindar justicia a las víctimas y buscar soluciones sostenibles que promuevan la paz y el desarrollo en la región.