El Gobierno Nacional dio inicio en Valledupar a la socialización del nuevo proyecto de ley que busca reducir las tarifas de energía eléctrica, una iniciativa que impactaría especialmente a los hogares de menores ingresos de la Costa Caribe. El acto estuvo encabezado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien presentó los detalles del proyecto durante el foro “Reducción Tarifas Energía” realizado en la Universidad del Cesar, sede Sabana.

El proyecto plantea un rediseño del esquema tarifario con un enfoque solidario: los usuarios de estratos 4, 5, 6 y sectores no residenciales asumirían parte de la deuda por opción tarifaria generada durante la pandemia del COVID-19 por los hogares de estratos 1, 2 y 3. Este mecanismo se aplicaría bajo límites de consumo básico definidos por la altitud de residencia. En zonas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, el límite sería de 173 kWh mensuales, mientras que en zonas más altas se reduciría a 130 kWh.

Según el documento, los porcentajes máximos del consumo cubiertos por el subsidio serían del 60% para el estrato 1, 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Cabe destacar que el estrato 4 no recibiría subsidios ni aportaría contribución, manteniéndose como un punto de equilibrio.

Entre los principales objetivos del proyecto se destacan la promoción de la equidad en el acceso a subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema energético, la transparencia en la facturación y el fortalecimiento de tarifas especiales para fomentar la industrialización con energías limpias. También se busca que el cobro del servicio de energía sea independiente de otros servicios públicos, con excepción de aquellos relacionados con aseo, saneamiento básico o alcantarillado.

El Gobierno propone que las empresas públicas prioricen la compra de energía a través de contratos a largo plazo, y que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) implemente esquemas tarifarios diferenciales para los hogares más vulnerables. Además, se plantea una reforma en la composición de la CREG, incorporando la participación de usuarios, academia y trabajadores, lo que permitiría decisiones más equilibradas entre los intereses de las empresas y los derechos de los ciudadanos.

El proyecto también contempla que la CREG haga revisiones periódicas, cada cinco años como máximo, a las fórmulas tarifarias, y que pueda corregir de forma ágil posibles errores o ineficiencias. Por último, se propone facultar al Gobierno para que impulse tarifas diferenciales que favorezcan la inversión en industrias de alto consumo energético y que puedan acelerar la transición energética del país.

Con esta propuesta, el Gobierno busca responder a un clamor histórico de la región Caribe, donde las altas tarifas de energía han sido una constante fuente de inconformidad y protesta. La socialización del proyecto continuará en otros departamentos de la región como parte de un esfuerzo por construir consenso y escuchar a todos los actores del sistema energético nacional.