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Procuraduría llama a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de su patrimonio

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de juicio disciplinario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento injustificado en su patrimonio superior a los mil millones de pesos durante su periodo como diputado del Atlántico en 2022.

El caso, que inició el 2 de marzo de 2023, tiene como pieza clave el testimonio de Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, quien reveló supuesta financiación ilegal inicialmente destinada a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, parte de esos recursos habrían terminado en la compra de una vivienda en Villa Campestre, Barranquilla, avaluada en 1.600 millones de pesos.

El Ministerio Público señaló que los ingresos declarados por Petro Burgos como diputado ascendieron a 219 millones de pesos en 2022, pero sus gastos superaron los 1.400 millones, lo que representa un desbalance patrimonial cercano a los 1.189 millones de pesos.

Las pruebas recaudadas incluyen movimientos financieros, documentos notariales y testimonios, entre ellos el de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, quien aseguró haber entregado 400 millones de pesos en efectivo a Nicolás Petro entre abril y mayo de 2022.

Según la Procuraduría, tanto Petro Burgos como Day Vásquez habrían intentado ocultar el origen de los recursos utilizando a un tercero, identificado como César Emilio Vásquez Buendía, a través del cual se pretendió formalizar la compra de la lujosa residencia.

El ente de control recalcó que la investigación busca esclarecer si el exdiputado incurrió en un incremento injustificado de su patrimonio en beneficio propio y de su entonces esposa, utilizando dineros provenientes de fuentes irregulares como exnarcotraficantes y contratistas de distintas regiones del país.

Con la formulación de cargos, Nicolás Petro enfrentará un juicio disciplinario en el que la Procuraduría determinará su responsabilidad en los hechos, mientras continúa el debate público en torno a la gravedad de las denuncias y sus implicaciones políticas y judiciales.