La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Soledad por posibles irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo de $6.000 millones con la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente. El convenio tenía como objetivo la restauración de un tramo de 180 metros de pavimento en la calle 30, entre el sector conocido como Tauro y el puente de la 30, cuyo terraplén colapsó recientemente.

El ente de control está investigando si la modalidad contractual utilizada para este proyecto corresponde adecuadamente a un convenio interadministrativo. La Procuraduría busca determinar si la participación del contratista cumple con los criterios de colaboración y cooperación necesarios para este tipo de acuerdos, o si se trató de una elusión en la selección objetiva del contratista.

Además, se examina si el convenio, destinado a «aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la mejora y rehabilitación del desarrollo urbano», fue redactado de manera tal que simulara legalidad a pesar de la prohibición legal de contratar directamente obras mediante convenios interadministrativos.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla ha ordenado la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados en esta indagación.

La comunidad de Soledad espera con atención el desarrollo de esta investigación, que podría tener importantes repercusiones sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración municipal.