La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ha levantado una voz de alerta en medio de una disputa entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría. Cabello advierte que el presidente está generando ingobernabilidad y caos al negarse a acatar una sanción impuesta al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

El conflicto surge a raíz de una carta enviada por el presidente Petro a la Procuraduría, en la que notifica que desacatará la destitución solicitada para el alcalde. El presidente argumenta que esta sanción afecta los alcances funcionales de la Procuraduría y restringe el derecho político del alcalde, elegido popularmente.

La procuradora Cabello destaca la importancia de respetar la decisión de la Corte Constitucional, que tiene la última palabra en Colombia para validar o invalidar leyes. Ella expresa preocupación por el hecho de que el presidente acate la decisión de la Corte Interamericana y no la del máximo tribunal del país.

Asimismo, Cabello subraya que la Procuraduría tiene la facultad de sancionar a funcionarios electos popularmente, aunque destaca que, en última instancia, un juez penal debe revisar dichas decisiones para garantizar la correcta aplicación de la ley.

El Consejo de Estado también entra en el debate, y la procuradora aclara que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el caso en cuestión. Destaca que hay decisiones aisladas de magistrados y recalca que la Corte Constitucional es la instancia suprema en el país.

El futuro del alcalde de Riohacha se mantiene incierto, y la suspensión provisional se ha implementado como medida preventiva para proteger los intereses de la comunidad. Sin embargo, la situación ha llevado a una tensión en la colaboración armónica entre las instituciones.

El enfrentamiento entre el presidente y la Procuraduría pone en evidencia la importancia de respetar las decisiones judiciales y mantener la gobernabilidad en el país. La opinión pública sigue de cerca estos acontecimientos, esperando que se llegue a una solución que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones y el respeto al estado de derecho.