En la mañana del pasado martes los legisladores ecuatorianos que investigaron el caso de Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro quien ahora responde a la justicia estadounidense, se reunieron con el presidente Iván Duque, en el Palacio de Nariño.

Donde se hizo entrega de un informe que contiene comparecencias (10.000 fojas de documentos de respaldo y la hipótesis de cómo se habría lavado dinero a través del SUCRE –el sistema monetario de compensación de los países del ALBA) también se entregará al presidente del Senado colombiano, Diego Gómez, y a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

El presidente Duque dijo que los legisladores ecuatorianos realizaron una exposición “clara, larga y certera” de una extensa investigación de “una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dineros y financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Álex Saab y en el que han participado personas cercanas de gobiernos de varios países incluyendo al régimen dictatorial de Venezuela, a anteriores gobiernos del Ecuador y también políticos colombianos y personas vinculadas a la contratación estatal”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del congreso ecuatoriano, Fernando Villavicencio, sostiene que en 2011, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia firmaron un “acuerdo ficticio” que benefició a Álex Saab pues permitió que el empresario y su socio Álvaro Pulido crearán, en 2012, una filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones (Foglocons) –originalmente constituida en Colombia.

El presidente de la comisión de fiscalización del Congreso de Ecuador Fernando Villavicencio, opositor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, dijo tener «una prueba irrefutable» sobre un viaje de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba en un avión privado de Saab.

«Hay evidencia suficiente que pone a la señora Piedad Córdoba en una relación cercana a Alex Saab y el palacio de Miraflores, me refiero al gobierno chavista», precisó Villavicencio.

Córdoba negó los señalamientos en Twitter: «Preparo proceso judicial contra ese miserable», advirtió.

La fiscalía estadounidense estima que Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, recibieron unos 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para ser blanqueados en Estados Unidos.

Según la acusación, crearon una red de sobornos por medio de un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

Saab afronta un cargo de conspiración para lavar dinero, el cual se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel en Estados Unidos. El empresario se declara inocente de los delitos que se le imputan.

Su extradición enfureció al gobierno de Maduro, quien dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, al tiempo que luchó sin éxito para evitar su traslado a EEUU.