La cadena colombiana de hamburguesas Presto enfrenta una nueva etapa de su crisis financiera. La Superintendencia de Sociedades ordenó abrir el proceso de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa que opera la marca, luego de que incumpliera los compromisos establecidos en su acuerdo de reorganización de deudas.

La decisión representa un nuevo golpe para una compañía que había intentado recuperar su estabilidad financiera mediante un plan de pagos a sus acreedores. Sin embargo, la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de obligaciones administrativas dificultaron la continuidad del negocio.

Mónica Macías busca una salida para evitar el cierre

La liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades, Mónica Macías, trabaja en la búsqueda de un comprador que permita preservar la empresa y mantener en funcionamiento sus establecimientos.

La intención es evitar que el proceso termine con el cierre de los restaurantes y la pérdida de una marca reconocida en el mercado colombiano de comidas rápidas.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio el 16 de octubre de 2026, los puntos de venta de Presto continuarán abiertos y atendiendo al público con normalidad hasta que se emita una nueva orden. La permanencia de los establecimientos dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones que se adopten durante la liquidación.

La empresa no logró cumplir su plan de recuperación

La situación financiera de Presto venía siendo atendida mediante un proceso de reorganización empresarial al que la compañía ingresó el 13 de julio de 2023. Este mecanismo buscaba facilitar el pago de sus deudas y darle tiempo para recuperar su capacidad financiera sin interrumpir sus operaciones.

El 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización, que contemplaba obligaciones por 31.000 millones de pesos y un plazo de seis años para atenderlas.

No obstante, el panorama cambió en los meses siguientes. El 30 de septiembre de 2026, la apoderada de la empresa solicitó la liquidación judicial después de evaluar la capacidad de la compañía para continuar operando como negocio en marcha.

La disminución de los recursos disponibles y el incumplimiento de obligaciones posteriores a la aprobación del acuerdo llevaron a la empresa a esta nueva etapa judicial.

¿Qué pasará con los restaurantes y los trabajadores?

Por ahora, la liquidación no significa que todos los restaurantes deban cerrar de inmediato. La estrategia de Mónica Macías busca conservar el valor de la marca, mantener activos los puntos de venta y facilitar una posible venta de la compañía.

Encontrar un comprador permitiría explorar la continuidad de la operación, aunque todavía no hay una negociación confirmada que garantice ese resultado.

El proceso también involucra a las personas y empresas que tienen deudas pendientes por cobrar. Según la información divulgada por la liquidadora, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones dentro del plazo legal que comenzará a contarse a partir de la publicación del aviso de apertura de la liquidación.

La Superintendencia de Sociedades, además, ordenó medidas sobre los bienes y derechos de la compañía que puedan ser objeto de embargo y secuestro, como parte del procedimiento judicial.

El futuro de Presto dependerá ahora de las decisiones que se tomen durante la liquidación y de la posibilidad de encontrar un inversionista interesado en continuar con el negocio. Mientras tanto, la prioridad anunciada por la liquidadora es mantener los restaurantes abiertos y buscar una alternativa que permita preservar la empresa.

LaVibrante.com seguirá informando sobre el proceso y las decisiones que puedan afectar a los trabajadores, proveedores, acreedores y clientes de la cadena.