El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 20 de julio el Gobierno radicará en el Congreso de la República el proyecto de ley de Competencias, una iniciativa que reglamentará el reciente acto legislativo que modificó el Sistema General de Participaciones (SGP) y que, según explicó, busca que la institucionalidad comience a reconocer al verdadero mandante: el pueblo colombiano en toda su diversidad.

El anuncio fue realizado durante su intervención en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General. En ese espacio, el mandatario aseguró que esta nueva ley está siendo construida desde el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, con una visión participativa y abierta al debate social.

“Debe ser un foro donde todas las opiniones lleguen: las experiencias locales, los quereres de la población en cada región. Ojalá la priorización la haga el pueblo, no el político, porque si no terminamos en las 4G, y no en el agua potable”, enfatizó Petro, cuestionando la lógica tradicional de priorización de recursos públicos.

Para el jefe de Estado, es momento de revisar la estructura misma de la institucionalidad del país y dejar atrás la visión en la que la sociedad debe adaptarse a las instituciones. “Ese es un error antidemocrático. Las instituciones deben adaptarse a la sociedad para ser legítimas y eficaces”, subrayó, agregando que la diversidad colombiana no debe verse como un problema, sino como una riqueza que debe florecer.

En su intervención, también defendió la inclusión de nuevos enfoques sociales dentro del Sistema General de Participaciones, particularmente el fortalecimiento del cuidado integral en la primera infancia. “La familia es el núcleo de la sociedad, con la capacidad de criar y educar. El Estado debe estar allí donde esa tarea enfrenta mayores obstáculos, por razones económicas, geográficas u otras”, explicó.

El presidente aseguró que el proyecto de ley buscará precisamente garantizar que los recursos del SGP se enfoquen en cubrir esas brechas, permitiendo que la capacidad de criar y educar no dependa del lugar donde se nace o de la condición económica.

“Estas son las nuevas competencias del SGP, y es indispensable defenderlas en la nueva ley. Una institución que impide a la sociedad expresarse será barrida por la historia. No lo digo yo, lo hará la historia misma”, concluyó Petro, anticipando un debate legislativo intenso, pero que considera necesario para avanzar hacia un modelo más equitativo de Estado.

Con esta propuesta, el Gobierno reafirma su apuesta por una descentralización más humana y participativa, donde las decisiones sobre inversión pública se construyan desde las comunidades y no desde la burocracia.