En una alocución transmitida este martes, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes señalamientos contra la Corte Constitucional, a la que responsabilizó directamente de generar un “lío fiscal” en el país, luego de que este alto tribunal tumbara varios artículos clave de la reforma tributaria impulsada por su gobierno.

De acuerdo con el mandatario, la decisión judicial dejó sin efecto impuestos al gas y al carbón, lo que, en su criterio, favorece a los sectores económicos más poderosos del país. “Lo que tumbó fue el impuesto a los más ricos y a los más dañinos, que son los que se enriquecen con el petróleo y el carbón que matan la humanidad. Eso no se llama Estado social de derecho”, manifestó con vehemencia.

Petro fue más allá y aseguró que la Corte, en lugar de proteger la progresividad fiscal establecida por la Constitución, la desmanteló. “La Corte le quitó a la reforma tributaria lo que la hacía progresiva. Hoy, los impuestos los paga la clase media de Colombia y no los ricos”, sentenció.

En su intervención también se refirió a la administración de su antecesor, Iván Duque, a quien culpó de agudizar los niveles de pobreza durante la pandemia. “La política pública contra el Covid de Duque fue un desastre contra los pobres. Usó la plata, incluso el endeudamiento público, para pagarle a los ricos subsidios. Acabó hasta con el nido de la perra”, dijo sin rodeos.

No obstante, el jefe de Estado defendió los logros de su gobierno en materia social, asegurando que “hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente de Colombia lo bajó”, al destacar que este indicador se redujo al 31,8 % en 2025, el nivel más bajo desde 2012.

Finalmente, el presidente respondió a críticas sobre su estilo de liderazgo y negó con firmeza los rumores de que gobierna bajo efectos del alcohol. “Yo vine aquí a gobernar. No vine de parranda. Aquí nadie se toma un trago mientras trabaja”, concluyó.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la estabilidad fiscal del país y la independencia de los poderes, en un momento en que el Gobierno busca mantener sus reformas sociales a pesar de las dificultades económicas y los fallos judiciales adversos.