El presidente Gustavo Petro cumplió una orden judicial y rectificó una afirmación que había hecho en redes sociales sobre la senadora Paloma Valencia, a quien había vinculado como “cómplice” de los 6.402 casos de falsos positivos investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz. La rectificación se dio tras una sentencia de tutela emitida el 24 de octubre de 2025, que protegió los derechos a la honra y al buen nombre de la congresista.

En su declaración pública, el jefe de Estado aclaró que sus afirmaciones no buscaban señalar a Valencia de participación directa en crímenes de Estado, sino cuestionar su respaldo, desde el Congreso, a modelos de seguridad que —según Petro— contribuyeron a violaciones graves de derechos humanos. “La crítica se centra en la responsabilidad política por apoyar un modelo de seguridad, y no en complicidad directa con el delito”, expresó.

Pese a cumplir con la orden judicial, el mandatario no modificó su postura frente al carácter de los falsos positivos. Reiteró que estos hechos, que involucraron la muerte de miles de jóvenes a manos de agentes estatales, constituyen delitos de lesa humanidad y siguen siendo materia de investigación ante la JEP. Petro insistió en que la seguridad del país nunca puede medirse por el número de bajas, sino por el respeto estricto a los principios del derecho internacional humanitario.

Durante su pronunciamiento, el presidente subrayó su compromiso con la memoria de las víctimas y señaló que “la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico debe adelantarse siempre dentro del respeto a las reglas del ius ad bellum y el ius in bello”. Enfatizó que Colombia no puede repetir tragedias como las documentadas entre 2002 y 2008.

El caso llegó a los estrados luego de que la senadora Valencia presentara una acción de tutela exigiendo rectificación. Aunque la Presidencia había solicitado desestimarla alegando que no se habían agotado los trámites previos, el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá concluyó que la congresista sí cumplió los procedimientos establecidos y ordenó al mandatario corregir la afirmación.

La decisión abre una nueva discusión sobre los límites de la crítica política, especialmente en temas relacionados con la memoria del conflicto armado y las responsabilidades institucionales en violaciones de derechos humanos.