El presidente Gustavo Petro ordenó una ofensiva total contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, considerado el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. La operación, liderada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se desarrolla en las selvas del Guaviare con el objetivo de debilitar la estructura armada que dirige este grupo ilegal.

Según fuentes oficiales, la presencia de la organización criminal mantiene bajo amenaza a las comunidades rurales, que denuncian extorsiones, desplazamientos y constantes enfrentamientos. El Gobierno ratificó que continúa vigente una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación del cabecilla o de sus campamentos y armamento.

Alias Iván Mordisco es señalado de múltiples delitos, entre ellos terrorismo, homicidio de persona protegida, reclutamiento forzado y narcotráfico. Además, es considerado uno de los principales responsables del fortalecimiento de las disidencias en el suroriente del país tras la firma del acuerdo de paz.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que la ofensiva incluye bombardeos aéreos selectivos, operaciones terrestres y un despliegue reforzado de inteligencia militar. Indicó también que las disidencias han respondido utilizando drones armados contra bases del Ejército y estaciones de Policía, lo que evidencia el aumento del poder ofensivo de esta estructura.

El bloque “Manuel Marulanda Vélez”, bajo el mando de Iván Mordisco, mantiene presencia en al menos ocho departamentos —entre ellos Guaviare, Meta, Vaupés, Putumayo y Caquetá— y se disputa el control territorial con otras facciones como la comandada por alias Calarcá.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el grupo también tiene bases logísticas en zonas fronterizas con Venezuela, lo que le permite movilizar armas y coordinar el tráfico de drogas.

Con esta operación, el Gobierno busca debilitar las finanzas y la capacidad armada de una de las disidencias más poderosas del país, al tiempo que reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia en el suroriente colombiano.