Tras la dramática liberación del niño Lyan Hortúa, un nuevo capítulo de violencia sacudió a su familia: uno de sus parientes, quien habría entregado el dinero del rescate, fue asesinado pocas horas después. El presidente Gustavo Petro se refirió a los hechos, señalando que detrás del secuestro operaba una lógica narco paramilitar que sigue permeando la violencia en el país.

El caso tomó relevancia nacional cuando se conoció que el menor había sido liberado tras el pago de una millonaria suma, lo cual encendió las alarmas sobre la actuación de estructuras armadas ilegales. El crimen posterior de Jesús Antonio Cuadros, primo del padrastro del niño, intensificó el escándalo y destapó lo que sería una red criminal con conexiones entre disidencias de las Farc y antiguos miembros del cartel de Los Rastrojos. Según información preliminar, la estructura Jaime Martínez aliada del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habría sido la encargada del secuestro, presuntamente bajo coordinación de intereses ligados al narcotraficante Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. La deuda económica que tendría la familia del menor con ese grupo sería el móvil principal del rapto.

Frente a la gravedad de los hechos, Petro pidió al país centrar su atención en la verdadera víctima: Lyan. “Lyan no tiene la culpa. Como niño debe ser respetado. Los secuestradores solo demostraron actuar bajo la lógica del narcotráfico”, escribió el mandatario en su cuenta de X. El jefe de Estado también cuestionó que se haya presionado a la familia para pagar una suma tan alta, revelando que, según testimonios, la decisión de entregar los $4.000 millones se tomó ante el temor de que el niño muriera en medio de un operativo armado. “Jamás permitiría que muera un niño en fuego cruzado por irresponsabilidades de adultos oscuros”, agregó.

El padrastro del menor, Jorsuar Suárez, reveló que inicialmente el objetivo del secuestro era él. Sin embargo, los captores decidieron llevarse al niño, quien estuvo encadenado durante varios días, como forma de presión. El caso, ocurrido en Jamundí un, a zona golpeada por el conflicto armado y el narcotráfico, ha vuelto a evidenciar las conexiones entre economías ilegales y el secuestro como método de ajuste de cuentas.

Las autoridades continúan investigando si este caso se trató de un secuestro extorsivo típico o de una operación con fines específicos de cobro de deudas, lo que marcaría una peligrosa tendencia en la forma en que los grupos armados operan en zonas rurales del país. Mientras tanto, Lyan ya está con su familia. Pero el país aún intenta entender cómo un niño terminó en medio de una guerra que no le pertenece.