El Gobierno y ciudadanos de Panamá han respondido con firmeza a las recientes amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que podría exigir la devolución del Canal de Panamá debido a lo que considera tarifas “exorbitantes” por el peaje de esta vía, cuyo principal usuario es Estados Unidos.
La controversia se desató cuando Trump criticó las tarifas del canal y sugirió que, si no se respetaban los principios “morales y legales” que respaldaron la cesión del canal, Estados Unidos debería recuperar su control. Este comentario generó una respuesta unánime en Panamá, donde se reafirmó la soberanía del país sobre la vía interoceánica.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó en un video oficial que “el canal de Panamá y sus zonas adyacentes son de Panamá y lo seguirán siendo”, subrayando que la soberanía e independencia del país “no son negociables”. Mulino recordó que los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, establecieron la disolución de la antigua zona del canal, reconociendo la soberanía panameña y garantizando la neutralidad permanente de la vía, lo que asegura su funcionamiento seguro y abierto para todas las naciones.
El exadministrador del canal, Jorge Luis Quijano, agregó que el artículo quinto del Tratado de Neutralidad establece claramente que “solo la República de Panamá manejará el canal”, desestimando cualquier intento de Estados Unidos de recuperar la vía.
El conflicto resurgió cuando Trump señaló que el canal “debería ser devuelto” a Estados Unidos si no se respetaban los términos de la cesión. Para muchos analistas, esta declaración representa una violación de los acuerdos internacionales y una amenaza que recuerda las tensiones de tiempos pasados.
José Stoute, analista panameño, opinó que las palabras de Trump podrían interpretarse como una “violación del tratado del Canal de Panamá”, lo que en su opinión podría implicar una amenaza de invasión militar, algo que no es descartable dada la retórica empleada por el presidente electo.
La respuesta de Panamá también se centró en desmentir las acusaciones de influencia china sobre el canal, reiterando que el canal es completamente administrado por el país y que ninguna potencia extranjera, incluida China, tiene control directo o indirecto sobre esta importante vía de navegación.
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El presidente Mulino destacó que, desde que el canal pasó a manos panameñas en 1999, la gestión del mismo ha sido eficiente y rentable, con un crecimiento en los ingresos anuales. En el año fiscal 2024, el canal generó casi 5.000 millones de dólares, con un aporte significativo al fisco de 2.470 millones de dólares.
Además, explicó que las tarifas del canal son ajustadas periódicamente a través de un sistema transparente de consultas públicas y en cumplimiento con los tratados internacionales que regulan su funcionamiento. “Las tarifas no son un capricho, son el resultado de una gestión responsable y eficiente”, añadió.
En medio de este enfrentamiento, analistas señalan que la postura de Trump podría estar vinculada a la creciente presencia de China en América Latina, especialmente en proyectos como el ferrocarril que Panamá ha contemplado, y que podría contar con la inversión china. Sin embargo, Panamá reafirmó su compromiso con Estados Unidos, su principal socio comercial y político, y subrayó que no desea que las relaciones bilaterales se vean afectadas por estas tensiones.
El Canal de Panamá sigue siendo un pilar fundamental de la economía nacional, y su control permanece firmemente en manos panameñas, como lo establece la ley y los acuerdos internacionales vigentes.
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