La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más condenó este jueves el «destierro» al Vaticano de siete sacerdotes nicaragüenses por parte del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, medida que calificó de «traslado forzoso» y que constituye «un crimen de lesa humanidad».

En una declaración, ese organismo humanitario indicó que los sacerdotes fueron detenidos «arbitraria e inconstitucionalmente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo», entre el 26 de julio y el 5 de agosto pasado, «en un acto que representa una alarmante violación de la libertad religiosa y de derechos humanos en Nicaragua».

«Estas sistemáticas violaciones evidencian un patrón de traslado forzoso, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad», señaló el Colectivo Nicaragua Nunca Más, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.

«Condenamos estas injusticias cometidas en menos de dos años contra 51 personas religiosas desterradas, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez y exigimos respeto pleno a la dignidad de todos», agregó.

Ese organismo dijo que «la fe no debería ser motivo de persecución», por lo que hoy se unen «en solidaridad con aquellos religiosos nicaragüenses que han sido forzados a abandonar su hogar y su misión».

El Gobierno de Nicaragua informó que envió al Vaticano a un grupo de sacerdotes nicaragüenses que, según fuentes católicas, se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.

Los sacerdotes nicaragüenses enviados al Vaticano son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, todos de la Diócesis de Matagalpa, norte de Nicaragua.

La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.

El caso del obispo Rolando Álvarez

Fuentes políticas dijeron a EFE que el Gobierno de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa.

El Gobierno de Ortega acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.

El 18 de octubre pasado, el Gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.

Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros ocho sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.

En esa ocasión el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.